Opinión

Autor: Juan Manuel Karg y Mariana Katz

11:42 am
16
Abr
2014

Durante estos días se conmemoró un nuevo aniversario del golpe de Estado que la derecha venezolana perpetró en abril de 2002, contra el presidente constitucional Hugo Chávez Frías. Doce años después, las amenazas sobre Caracas siguen, tal como lo demuestran los sucesivos hechos de violencia desatados por sectores de la oposición conservadora en los últimos dos meses. La instancia de diálogo propiciada por Unasur, iniciada recientemente, parece ser una llave posible para normalizar la vida política, social y económica del país.

Tan sólo 48 horas. Esa fue la breve duración del gobierno de facto del empresario Pedro Carmona Estanga, quien mediante el tristemente célebre “Decreto Carmona”, suprimió las garantías constitucionales y los poderes públicos preexistentes. Hay que recordar que, entre los firmantes de este flagrante texto, se encuentran nada menos que Leopoldo López y María Corina Machado, dos de los mayores apologistas de las violentas protestas que han tenido lugar desde mediados de enero pasado en Venezuela. Sin embargo, y luego de masivas movilizaciones popular en la defensa del gobierno democráticamente electo, el 13 de abril de 2002 se produjo el retorno de Chávez a Miraflores y, si bien los hechos y las amenazas políticas y económicas continuaron, la Revolución Bolivariana se afianzó y afrontó con éxito el referéndum revocatorio de 2004 y las elecciones presidenciales de 2006, para adentrarse en un nuevo período de gobierno.

Ahora, doce años después de esos hechos, algunos sectores del antichavismo radical siguen buscando “la salida”, tal como ellos mismos catalogan a la serie de movilizaciones que han emprendido en este convulsionado 2014 para buscar el fin del gobierno de Maduro. A pesar de ello, las diferencias de orientación entre la propia oposición conservadora siguen, y parecen acrecentarse: así, el ex candidato presidencial y actual gobernador del Estado Miranda, Henrique Capriles, continúa remarcando que, sin mayoría popular, no habrá proyecto posible de oponer frente al chavismo –que, precisamente, cuanta con una base de apoyo en amplios sectores de la población, producto de una serie de transformaciones políticas y económicas operadas en los últimos quince años-.

En ello, Capriles se sigue desmarcando de la actitud de López y Machado, seguramente influenciado por la experiencia propia de otro abril, en 2013, hace sólo un año atrás. En aquel momento, tras la victoria de Maduro, el gobernador de Miranda desconoció temporalmente los resultados y llamó a“descargar la arrechera” –bronca- en las calles, lo que propició una verdadera “cacería” contra instituciones del gobierno central y militantes del chavismo, con el saldo de once muertos. Tras la desaprobación popular a estos hechos, Capriles intentó modificar su postura pública, cosa que no hicieron ni López ni Machado –a pesar de las diversas encuestas que, durante este tiempo, han mostrado el desacuerdo mayoritario de los venezolanos frente a las violentas protestas-.

Recientemente, la comisión de cancilleres de Unasur ha logrado un hecho verdaderamente importante: la MUD se sentó en la mesa de diálogo propuesta por el gobierno, instancia que había negado sistemáticamente. Con el comienzo de los diálogos, es la tercera vez que Unasur cumple un papel destacado en el inicio de la normalización de la vida interna de un país de la región frente a hechos destituyentes, tal como sucedió en Bolivia en 2008 y en Ecuador en 2010. Demuestra ser, por tanto, una herramienta eficaz para salvaguardar la vida democrática en la región, tras su creación hace sólo seis años atrás.

En definitiva, doce años después del abril del 2002, Venezuela sigue viviendo momentos de definiciones: optar por un modelo político y económico autónomo tiene –y ha tenido- su contraparte en diversos intentos de desestabilización que siguen al pie de la letra el “manual” de Gene Sharp -más allá de cierto desgaste notorio que ya se puede ver en las protestas, producto de su extensa duración y poco correlato en las mayorías, como afirma el escritor Luis Britto García-. El propio Maduro definió bien las características de esta etapa que, a instancias de Unasur, se ha iniciado, al decir que “aquí lo que hay es un debate, un diálogo, que es diferente a una negociación y a un pacto (…) Sería un traidor si me pongo a negociar la revolución. Es que a mí no me pertenece este poder, le pertenece al pueblo, a la historia. En todo caso a mí me toca administrar este poder para hacer más revolución”. Esta clarificación es importante a la luz de entender qué se pone en juego (y que no) en los diálogos.

Un diálogo verdadero entre todos los sectores de la vida social, política y económica venezolana, tal como ha instado a realizar la comisión de cancilleres de Unasur y como ha ratificado el gobierno de Maduro, parece ser una solución razonable al momento de que vive el país desde inicios del año. También, claro, la aceptación –por parte de la oposición- de la existencia de un gobierno legítimamente electo, con mayoría de apoyo popular, y respaldo de las herramientas integracionistas que se dio autónomamente la región –Unasur, Celac, PetroCaribe y ALBA, entre otras-. Ese debe ser el punto de partida de los diálogos que acaban de comenzar, en los cuales, además, se debe garantizar la condena de todos los actores a los hechos violentos que aún tienen lugar en las calles del país.

 

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