Mundo

03
Feb
2016

Un abogado denuncia al presidente de Argentina, Mauricio Macri, por abuso de autoridad, y violar sus deberes de funcionario público, informó la agencia de noticias Télam.

El abogado y demandante Eduardo Barcesat, hizo énfasis el lunes en la cantidad de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó Macri desde que asumió la presidencia el pasado 10 de diciembre, decretos que han sido cuestionados por los argentinos.

“Nada impedía o inhabilitaba al Poder Ejecutivo Nacional de convocar al Congreso de la Nación a período de sesiones extraordinarias”, explicó el abogado Eduardo Barcesat, autor de la denuncia.

El magistrado señaló que el presidente Macri, la vicepresidenta Gabriela Michetti y varios ministros del Gabinete nacional incurrieron en “delito constitucional, con violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.

La denuncia también se hace extensiva contra el jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña; el ministro de Defensa, Julio Martínez; el de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; su homólogo del Interior, Rogelio Frigerio y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Con estos DNU reformó la Ley de Ministerios para armar un nuevo Gabinete; modificó el presupuesto nacional; traspasó la Oficina de Escuchas Judiciales a la órbita de la Corte Suprema; suspendió la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, y reformó la Ley de Medios y la ley de Ministerios.

El abogado destaca, por otro lado, el decreto 228/2016 que declaró el 22 de enero la “emergencia en seguridad pública” en todo el país, aunque no fue promulgado como de necesidad y urgencia.

Esta normativa autoriza el derribo de aeronaves que tengan “entidad suficiente” para perturbar, poner en riesgo o causar un daño, de modo que “serán declaradas hostiles en el territorio nacional”, según establece el decreto.

Para el jurista, que trabajó con la organización Madres de Plaza de Mayo, la ley “introduce subrepticiamente en nuestra legislación la pena de muerte, de tipo penal abierto y sin forma alguna de un debido proceso judiciario”.

El letrado recordó el art. 29 de la Constitución argentina, por la que “el Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional (…) facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna”.

El presidente puede seguir emitiendo DNU hasta el 1 de marzo, cuando entre en funciones el Congreso, ahora en receso por las vacaciones de verano.

Los DNU tienen vigencia mientras no sean rechazados por la Cámara de Diputados o del Senado. El juzgado federal del magistrado Ariel Lijo ha quedado a cargo de la causa.

Hispantv

 

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