Mundo

06
Ene
2016

Dos abogados argentinos han denunciado ese lunes abuso de autoridad del presidente Maurico Macri en el nombramiento por decreto de dos jueces el pasado 15 de diciembre.

Los letrados Pablo Llanto y Eduardo Tavani han considerado dicho nombramiento de jueces como “un procedimiento ilegal y manifiestamente violatorio” de la Constitución.

Tavani y Llonto han recordado que los jueces deben ser designados con el acuerdo del Senado argentino por dos tercios de sus miembros presentes en sesión pública.

Por otra parte han anunciado que el sistema legal de Argentina contempla dos mecanismos para este caso de urgencia: la designación de jueces subrogantes (temporales) o el nombramiento de conjueces (cargos suplentes para intervenir en una materia específica).

Además han criticado a los nuevos magistrados Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti por aceptar los cargos que conllevan “una rotunda vulneración de los principios de independencia e imparcialidad”.

En la denuncia de los abogados argentinos también están incluido al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro de Justicia, Germán Garavano, y, ante la eventualidad de que los designados asuman como jueces supremos, reclama que se los impute por usurpación de autoridad.

Macri, desde su llegada a la Casa Rosada, el 10 de diciembre, está firmando decretos ya cuestionados y que han generado protestas, entre ellos el nombramiento de dos jueces de la Corte Suprema y el relacionado con el sector de la educación.

El pasado domingo, miles de argentinos se concentraron en Buenos Aires (capital argentina) para denunciar los decretos de Macri, que intentan controlar los medios audiovisuales del país.

Nada más asumir el cargo mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), Macri traspasó la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) y la AFTIC (Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) a la órbita del Ministerio de Comunicaciones, dirigido por Oscar Aguad. Tal medida también provocó diversas protestas.

En respuesta, un juez argentino inhabilitó el DNU y ordenó que los interventores no tomaran nuevas “medidas administrativas”.

Hispantv

 

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