Mundo

03
Jun
2015

Canadá cometió un “genocidio cultural” durante años al mantener una red de escuelas con régimen de internado. Esa es la conclusión de un contundente reporte que se presentó este martes como parte de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

Por más de seis años esta comisión investigó, entrevistó y analizó uno de los capítulos más oscuros de la historia de Canadá y por el que todavía paga las consecuencias frente a las comunidades indígenas del país.

El juez Murray Sinclair explicó los detalles del sumario de este reporte que fue presentado durante una rueda de prensa en Ottawa. El informe final, que cuenta con miles de páginas, será publicado a finales de año.

La investigación reveló todos los abusos que se cometieron en estas escuelas que operaron por un siglo entero, entre 1870 y 1970.

Más de 150.000 niños fueron alejados de sus familias para ser internados en estas instituciones, donde fueron blanco de abusos, desde agresiones físicas, sexuales y culturales, castigándolos por usar su idioma y desvinculándolos de todo su bagaje cultural con la finalidad de asimilarlos a la sociedad mayoritaria.

“La negligencia infantil estaba institucionalizada y la falta de supervisión creó situaciones que convertían a los estudiantes en la presa de agresores sexuales y físicos”, señala el reporte.

Al menos 3.200 muertes están documentadas, sin embargo, la comisión estima que la cifra real podría ser mayor de 6.000, en base a las investigaciones. Muchos de los niños murieron por el maltrato que recibieron en estas escuelas, otros por el descuido al momento de ser tratados.

Pero muchos también se quitaron la vida ante la situación que vivían dentro de estos establecimientos. De igual forma, se registraron casos de niños que murieron abandonados luego de que escaparan de estos lugares.

“El Gobierno canadiense mantuvo esta política de genocidio cultural porque buscaba desvincularse de sus obligaciones legales y financieras con los pueblos indígenas y poder así controlar sus tierras y recursos”, señala también el contundente reporte.

Esta comisión fue aprobada en el año 2008 luego de un acuerdo entre las Primeras Naciones y el Gobierno Federal. Hasta ahora Ottawa ha pagado alrededor de $4.000 millones en compensaciones por daños ante esta situación. De igual forma, el primer ministro Stephen Harper pidió disculpas de forma oficial, señalando que este capítulo de la historia ha sido uno de los más tristes para Canadá.

Menos palabras, más acciones

La comisión considera las disculpas honestas, pero también anuncia que las “palabras no son suficientes”, por lo que piden acciones.

El informe presenta un total de 94 recomendaciones que piden al Gobierno Federal aplicar en su totalidad. Las conclusiones fueron reunidas en varias categorías, que incluyen salud, beneficios para los niños y educación.

Entre las recomendaciones destacan:

Exigen mantener a las familias indígenas juntas y tener una idea clara de cuántos niños indígenas terminan bajo el cuidado de los gobiernos provinciales.

Piden que se proteja la cultura en todo tipo de organismo en el que puedan terminar los niños, garantizarles poder hablar su idioma y mantener sus costumbres.

El reporte pide crear una política clara que permita cerrar la brecha en cuanto a educación y empleo que existe entre las comunidades indígenas y el resto de los canadienses.

Piden la creación de una Ley de Lenguas Indígenas, para proteger la cultura de los distintos grupos que se mantienen a lo largo del país.

También piden diversificar la educación para que existan títulos universitarios en lenguas indígenas.

Piden revocar la sección 43 del Código Criminal de Canadá, que permitía a los profesores o personas a cargo de un niño indígena utilizar la fuerza como forma de corrección.

Piden también que se establezca una investigación nacional sobre los miles de casos de mujeres indígenas asesinadas y desaparecidas.

Piden también al Vaticano y al papa Francisco ofrecer una disculpa formal por el rol de la Iglesia Católica a cargo de los internados en los que ocurrieron abusos.

Piden también cambiar el juramento de ciudadanía para que incluya una obligación de proteger los derechos de las comunidades indígenas.

De igual forma, exigen mejores políticas y programas para mejorar la educación y salud de los miles de jóvenes de origen indígena.

Contrainjerencia

 

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