Mundo

27
Ene
2016

Las autoridades de Jujuy allanaron hoy el hogar de la diputada argentina al Parlasur y dirigente social Milagro Sala a quien mantienen encarcelada en esa provincia pese a los reclamos incluso internacionales por su liberación.

En lo que abogados de la líder del movimiento social y cooperativista Tupac Amaru consideran una nueva afrenta del gobierno jujeño, la policía realizó un aparatoso operativo para allanar la vivienda de Sala que a juzgar por las imágenes difundidas reside en un barrio humilde.

La legisladora al Parlasur está presa desde hace 12 días por discrepancias políticas con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien la denunció por incitar a la protesta pública y el tumulto.

La orden del arresto la dio el juez jujeño Gastón Mercau, a raíz de un acampe pacífico de miembros de la Tupac Amaru en protesta contra el decreto que cambia el sistema de cooperativas en ese provincia que dictó el radical Morales, aliado del presidente Mauricio Macri.

Según se dijo en un principio, el allanamiento se hizo para recopilar pruebas o documentación que respalden las denuncias contra la dirigente social.

El diario La Nación precisa que el magistrado Mercau autorizó el operativo policial contra Sala a pedido de la fiscal Liliana Fernández quien también pidió mantener encarcelada a la diputada regional quien enfrenta una pena, de ser juzgada y condenada, de hasta seis años de cárcel.

Según ese periódico, las autoridades jujeñas justificaron el irrupción en la vivienda de Sala en busca de elementos probatorios que la vinculen con funcionarios del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy denunciados por malversación.

La Nación adelanta que se espera otro importante operativo en las oficinas de la agrupación Tupac Amaru, en Alto Comedero.

Los defensores de Sala sostienen que esta ofensiva se enmarca en una campaña por desprestigiar y desacreditar a la diputada al Parlasur por su afiliación y apoyo resuelto al proyecto popular nacional que condujo Cristina Fernández.

El servicio Infonews reporta que agrupaciones de pueblos originarios condenaron lo que consideran es “un proceso ilegal en contra de una hermana indígena”. En un comunicado, declararon el estado de alerta y movilización.

El comunicado lleva la firma de decenas de grupos territoriales encabezados por la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas de Argentina. Entre las firmantes están la Comunidad Huarpe de Mendoza; Ocastafé, de Santa Fé; y comunidades wichí de Salta, Chaco, Formosa, y guaraníes de Salta y Jujuy.

Paralelamente, la Central de Trabajadores de Argentina también emitió una declaración en la que exige la inmediata liberación de Milagro Sala a quien considera una prisionera política, y denuncia y demanda evitar la persecución de dirigentes sociales y gremiales.

Fuente:Prensa Latina
 

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