EE.UU.: El dilema migratorio

Estados Unidos se debate hoy en cómo solucionar el problema migratorio, algo que desde hace varios años enfrenta a republicanos y demócratas, al gobierno federal con los estados y, así, una larga cadena de intereses salpicados por ideas racistas y discriminatorias, entre otras.

Recientemente la ciudad de Dayton, en Ohio, aprobó una iniciativa para facilitar la presencia de inmigrantes e incrementar el número de sus pobladores, en franco declive en los últimos años, según reseñó el diario Dayton Daily News.

El alcalde Gary Leitzell al dar a conocer el plan aprobado por los Comisionados de forma unánime planteó que tratarán a todos los inmigrantes de forma “amistosa, justa y humana”.

Los promotores sostienen que la iniciativa pudiera considerarse como un paso para crear una identificación local para los residentes que no puedan conseguir licencia de conducir o identificación del estado.

La decisión muestra el dilema en que se encuentran envueltos los estadounidenses respecto a la presencia de más de 11 millones de inmigrantes ilegales en el país, que incluso llevó al presidente Barack Obama a lanzar la idea de favorecer el robo de cerebros al aflojar las leyes para científicos de otros países.

Mientras unos aprueban normas severas para perseguir el trabajo de los sin papeles como en Alabama y Arizona, otros favorecen tener esa mano de obra que ocupa empleos en sectores agrícolas y de servicios, considerados duros por muchos estadounidenses negados a desempeñar tales labores. Lo de Dayton, contrasta con la situación resultante en Alabama, donde la entrada en vigor de la ley HB56 convierte en un crimen estatal ser indocumentado.

Como resultado, por ejemplo, varias docenas de plantas procesadoras de pollo ya padecen la pérdida de sus empleados indocumentados y los granjeros ponen el grito en el cielo ante la amenaza de perder sus cosechas.

Algunos plantean, por ejemplo, que no temen ser descubiertos en su trabajo, sino que la policía los detenga en el camino y que sus hijos pasen a la custodia del gobierno para ser deportados.

La jueza Sharon Lovelace Blackburn le dio el visto bueno a varias partes de la ley HB56, contradiciendo argumentos del Departamento de Justicia de que gran parte de la normativa es anticonstitucional.

Uno de los argumentos de quienes apoyaron la ley HB56, incluyendo el del gobernador republicano Robert Bentley, es combatir el desempleo, pero sus oponentes aseguran que hay trabajos que los anglosajones no están dispuestos a hacer.

Como resultado del dilema que enfrentan los estadounidenses para resolver el asunto, millones de inmigrantes pobres que llegaron al país en busca de trabajo viven hoy bajo el miedo y la pesadilla de ser detenidos y deportados, después de haber participado activamente en la vida económica.

El Pew Hispanic Center estima que de los 11,2 millones de personas que residen en forma irregular en Estados Unidos, 9,1 millones provienen de Latinoamérica.

Según datos del Censo, los hijos de los inmigrantes latinoamericanos son el bloque más grande de quienes viven bajo el índice de la pobreza, y sobrepasan en precariedad y exclusión a negros y blancos.

Por otra parte, grupos defensores de los derechos de los inmigrantes plantean que a causa de la persecución contra ese sector casi un millón fue deportado en el último año, pese a que el 70 por ciento de ellos carecía de antecedentes policiales.

Para acentuar el problema, demócratas y republicanos no terminan de acordar pasos concretos sobre como enfrentar una reforma migratoria que sería un paliativo para los indocumentados y resolvería las necesidades de mano de obra en muchos estados, fundamentalmente los agrícolas.

El caso Dayton es una muestra del doble rasero de la política migratoria. Una posición “amistosa” con los inmigrantes ayudará a contener su descenso demográfico y a mejorar su deteriorada economía.

Las autoridades y diversos sectores de la ciudad confían en que los nuevos inmigrantes establezcan empresas que creen empleos en un área afectada por la pérdida de mano de obra y otras ocupaciones.

La otra cara de la moneda está en Alabama y Arizona, donde ser inmigrante ilegal es un crimen. El miedo recorre las calles de sus ciudades.

Según inmigrantes no saben como actuar si son abordados por la policía. ¿Le digo mi nombre? ¿Le enseño mi pasaporte extranjero? ¿Le muestro mi licencia de conducir aunque esté vencida? Si mi esposa va sola con los niños en el auto, ¿la detendrán delante de los niños? ¿Se la llevarán? ¿Qué pasará con mis hijos si me encierran?

Interrogantes como estas muestran el temor de millares de familias, incluso de aquellas con hijos nacidos en el país y supuestamente amparados por las leyes vigentes.

Al respecto, el Departamento de Justicia solicitó al Tribunal de Apelaciones del Decimoprimer Circuito que bloquee la ley HB56 argumentando, entre otras cosas, que promoverá la discriminación contra extranjeros e, incluso, con residentes legales.

La ley, considerada la más severa de Estados Unidos, permite que la policía indague sobre la situación migratoria de personas con las que entre en contacto si existe la “sospecha razonable” de que se encuentren ilegalmente en el país.

Entre otras cosas, también permite que los funcionarios escolares indaguen sobre la situación migratoria de los nuevos estudiantes que se matriculen en las escuelas de Alabama, y el de sus padres.

Miles de estudiantes se ausentaron de clases cuando la ley entró en vigor, ya sea porque familias enteras se fueron del estado o porque están encerrados en sus casas y no quieren enviar a sus hijos a la escuela.

La ley de Alabama, que dice combatir la inmigración indocumentada, no toma en cuenta que gran parte de las familias son de situación migratoria mixta, es decir, padres indocumentados con hijos ciudadanos estadounidenses que ya están pagando las consecuencias de la ley.

Hay inmigrantes que han reportado que se les han denegado los servicios básicos de agua y electricidad y otros que, aunque se enfermen, tienen miedo de ir al doctor, incluyendo mujeres embarazadas, por temor a que los detengan, señalan organizaciones de derechos humanos.

Hay inmigrantes que no se atreven a llevar a sus hijos ciudadanos de Estados Unidos al doctor por temor a que los detengan.

El dilema está planteado. Los promotores de la ley argumentan que se liberarán trabajos para los ciudadanos de Alabama. Sin embargo, agricultores, plantas procesadoras de alimentos y la industria de la construcción se lamentan de que el éxodo de mano de obra inmigrante ya está impactando adversamente la economía del estado.

A nivel nacional la pregunta es cómo el legislativo (demócratas y republicanos) y la Casa Blanca enfrentarán el problema.

* Periodista de la redacción Norteamérica de Prensa Latina.