Mundo

22
Jul
2015

La guerrilla colombiana de las FARC ordenó el lunes a sus diferentes bloques y frentes “cesar toda acción de carácter ofensivo” contra las fuerzas militares del Estado en el marco de un proceso de desescalamiento del conflicto, al que también se ha comprometido el Gobierno colombiano.

En 51 años de conflicto, el Estado colombiano y las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se abocaron a varias negociaciones de paz, sin que ninguna diera resultado hasta ahora.

Las FARC, el grupo guerrillero más numeroso e influyente de Colombia y el más longevo de América Latina, se alzaron en armas en 1964, luego de una ofensiva militar sobre la “República de Marquetalia” una comunidad autónoma de campesinos armados que habían sobrevivido matanzas y desplazamientos del período conocido en la historia colombiana como La Violencia (1946-1958).

Estrechamente vinculadas al Partido Comunista, las FARC se declararon marxistas-leninistas y su pie de fuerza ha sido mayoritariamente campesino.

En Colombia han existido y aún perduran otros grupos armados de izquierda. En 1964 surgió el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y en 1970, el Movimiento 19 de Abril (M-19), fecha de las elecciones nacionales en que se perpetró un fraude electoral.

Los primeros intentos de paz se remontan al gobierno de Julio César Turbay (1978-1982), cuando el M-19 estaba muy activo.

En marzo de 1981, el Congreso aprobó la ley 37, que establecía una amnistía condicional para los guerrilleros desmovilizados que hubieran cometido delitos políticos y conexos.

Meses después, en setiembre de 1981, Turbay creó una Comisión Nacional de Paz, encabezada por el expresidente Carlos Lleras Restrepo, pero ninguna de estas medidas logró atraer a los grupos armados.

Con la llegada de Belisario Betancur a la Presidencia (1982-1986), el Estado colombiano experimentó un cambio de rumbo, al reconocer por primera vez el carácter político de las FARC y demás guerrillas.

Fue así que en noviembre de 1982 el Congreso aprobó una nueva ley de amnistía (Ley 35), esta vez de carácter general y que estableció una normativa para el restablecimiento y la preservación de la paz.

La entrada en vigor de la ley tuvo como resultado inmediato la liberación de cientos de insurgentes presos.

Además, la norma autorizaba al Gobierno a emplear fondos públicos para la rehabilitación de los combatientes que se reincorporaran a la vida civil.

De inmediato comenzaron los diálogos entre el gobierno y varios grupos armados, a través de una Comisión Asesora del Gobierno Nacional, un Alto Comisionado de Paz y una Comisión de Verificación de los acuerdos, instaladas para ese fin.

En agosto de 1984, el Gobierno alcanzó una tregua con las FARC, el M-19 y otros grupos como el Movimiento Autodefensa Obrera (ADO) y el Ejército Popular de Liberación (EPL).

Sin embargo, las resistencias al proceso de paz –tanto de los insurgentes como de sectores políticos opositores como de grupos paramilitares de extrema derecha–, minaron los acuerdos a los pocos meses.

Los enfrentamientos se recrudecieron, y la tregua se quebró a mediados de 1985.

El 6 de noviembre de ese año el M-19 tomó por asalto el Palacio de Justicia, en uno de los sucesos más sangrientos y confusos del conflicto armado colombiano, con 98 muertos y 11 desaparecidos, entre ellos 11 magistrados y decenas de civiles. El caso se encuentra todavía en la justicia y ha sido denunciado al sistema interamericano de derechos humanos.

Solo las FARC permanecieron en el proceso de paz.

En este contexto, algunos sectores de las FARC, junto al Partido Comunista, varios bloques del ELN y otros grupos de izquierda, crearon el partido político Unión Patriótica.

Considerado el brazo político de las FARC, sus integrantes fueron perseguidos y sistemáticamente asesinados por paramilitares y narcotraficantes, entonces cada vez con mayor presencia y poder en el país.

Más de 5.000 integrantes de la Unión Patriótica fueron asesinados en lo que muchos han calificado como una política de “exterminio”. Como la mayoría de esos crímenes quedaron impunes, el caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde todavía sigue su curso.

En el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), se intensificaron los choques entre guerrilla y paramilitares, los atentados y los secuestros.

En 1987 las FARC rompieron la tregua y se alejaron de la Unión Patriótica, decantándose exclusivamente por la lucha armada.

Los 90 y la desmilitarización de Caguán

Los primeros años de la década del 90 estuvieron signados por el elevado número de homicidios, más de 28.000 solo en 1991.

Con el conflicto en su punto más crítico, el Gobierno y las FARC retomaron las conversaciones entre junio y setiembre de ese año, en Caracas, y harían lo propio en Tlaxcala, México, entre marzo y mayo de 1992, pero sin que se alcanzara acuerdo alguno.

En junio de 1998 asumió como presidente Andrés Pastrana, quien el 9 de julio protagonizó un acontecimiento inédito, al reunirse con Manuel Marulanda Vélez, histórico líder de las FARC y al anunciar poco después el inicio de conversaciones de paz.

El 7 de noviembre de ese año, el gobierno estableció la Zona de Distensión de San Vicente del Caguán, un área históricamente dominada por la guerrilla que quedó totalmente desmilitarizada para permitir la realización de los diálogos.

En enero de 1999 comenzaron oficialmente las conversaciones. En mayo de 2000 las dos partes firmaron una agenda de 12 puntos como guía para la Mesa Nacional de Negociación, prevista para el mes de julio.

Entre 2001 y 2002 las negociaciones avanzaron al punto de que las FARC procedieron a la liberación de más de 300 oficiales del ejército; pero nuevos enfrentamientos llevaron a Pastrana a enviar un ultimátum a la guerrilla.

En esta ocasión, la intermediación de las Naciones Unidas salvó el proceso de paz y el 14 de enero de 2002 ambas partes firmaron un documento por el cual se comprometían a continuar negociando.

Un mes después, el secuestro del senador Eduardo Gechem Turbay llevó a Pastrana a poner fin a los diálogos y a ordenar al ejército la inmediata recuperación de la zona del Caguán.

La negativa de Uribe y la apertura de Santos

Soldados colombianos cerca del lugar del enfrentamiento con las FARC. 15 de abril de 2015

Para entonces, ya llevaba dos años activo el Plan Colombia, una amplia estrategia de Estados Unidos para combatir a la guerrilla y al narcotráfico, que transfirió dinero y entrenamiento a las Fuerzas Armadas de Colombia.

Los sucesivos gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010) estuvieron marcados por la negativa del mandatario a negociar con las FARC, a las que pretendió derrotar militarmente.

En esos años, la guerrilla sufrió importantes derrotas y bajas de algunos de sus dirigentes más importantes, incluida la muerte por causas naturales de su líder Manuel Marulanda, en marzo de 2008.

Uribe, en cambio, llevó a cabo una polémica negociación secreta con los paramilitares y también negoció en La Habana con el ELN.

Solo cuando Juan Manuel Santos llegó a la Presidencia en 2010, el Gobierno retomó conversaciones con las FARC.

En 2011, con la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Santos hizo pública su intención de poner fin al conflicto armado mediante negociación.

El anuncio dio paso a una serie de comunicaciones secretas entre ambas partes, que cristalizarían en el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, de octubre de 2012, con Noruega y Cuba como países garantes y Venezuela y Chile como acompañantes.

Ya se han realizado 38 rondas de diálogo en la capital cubana. En ese marco, este lunes empezó a regir un cese unilateral del fuego ordenado por las FARC.

sputnik

 

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