Mundo | Política

06
Nov
2014

El exalcalde del municipio Iguala, estado de Guerrero (sur de México), José Luis Abarca, dijo desconocer el paradero de los 43 estudiantes normalistas de la Rural de Ayotzinapa, desaparecidos desde el pasado 26 septiembre.

Abarca intenta renegar de su responsabilidad en este caso que ha conmocionado al mundo unificado en un mensaje de reclamo de justicia para los normalistas, con el lema “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. El exalcalde de Iguala confesó que ordenó el operativo el 26 de septiembre, en el que murieron seis personas y desaparecieron 43 estudiantes.

Rechaza la acusación de homicidio, pese a que en las primeras investigaciones declaró que dio la orden al exdirector de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores -aún sin localizar-, para alcanzar a los normalistas que rendían tributo a la matanza de Tlatelolco.

Su esposa, María de los Ángeles Pineda era directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Iguala y ese día presentaba un informe de la instancia, pero según su testimonio no tenía algún mando sobre los cuerpos policiales locales.

No obstante, la Procuraduría General de la República (PGR) responsabiliza a Abarca por el homicidio de Arturo Hernández, líder de la Unidad Popular de Guerrero, el asesinato de Justino Carvajal y su relación con el grupo criminal Guerreros Unidos. Los ha señalado como probables responsables de los hechos de Iguala.

“Estoy cansado de esconderme. Ya no aguantaba la presión”, fue lo que expresó Abarca tras ser arrestado por federales, reportaron medios mexicanos.

Este miércoles, el exalcalde de Iguala fue trasladado a prisión por ser acusado de ser el autor intelectual de la muerte de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes. La Procuraduría General de la República (PGR), informó a través de un comunicado que Abarca estará internado en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno “Altiplano”, en el municipio de Almoloya de Juárez.

Mientras que su esposa quedó bajo la medida cautelar de arraigo (detención provisional) por 40 días, en el marco de las investigaciones que se realizan en torno al caso de los estudiantes desaparecidos.

TeleSur

 

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