Mundo

25
Abr
2016

El Gobierno argentino se hace de la vista gorda ante el cobro de un canon que intenta imponer la corporación Monsanto sobre las cargas de soja, pese a que está prohibido, denuncia un abogado del país suramericano.

“Monsanto pretende cobrarles a los productores rurales un canon sobre el grano, cosa que va en contra de la legislación argentina”, señaló el abogado ambientalista de la ONG Naturaleza de Derechos, Fernando Cabaleiro a Sputnik Nóvosti, agencia rusa de noticias que ha publicado este informe el domingo.

La transnacional estadounidense Monsanto, que vende semillas genéticamente modificadas, ha logrado que compañías exportadoras continúen comprando soja bajo la denominada “cláusula Monsanto”. Por esa cláusula el productor se obliga ante el exportador a aceptar un análisis en el puerto que permite detectar si su grano tiene o no la tecnología transgénica que la multinacional patenta como suya a fin de aplicar el pago de “regalía intelectual”.

Monsanto pretende cobrarles a los productores rurales un canon sobre el grano, cosa que va en contra de la legislación argentina”, señaló el abogado ambientalista de la ONG Naturaleza de Derechos, Fernando Cabaleiro.

Esto ocurre, denuncia Cabaleiro, pese a la resolución 140 que emitió el viernes 13 el ministro de Agroindustria argentino, Ricardo Buryaile, con el objetivo de frenar un sistema de control de Monsanto para asegurarse el cobro de su tecnología en soja, resistente a insectos, la multinacional sigue aplicando el sistema.

“La ley argentina establece que lo único que pueden percibir es el cobro de un arancel sobre la semilla”, aclaró el abogado que considera esos “contratos son ilegales”, mientras la multinacional alega que la nueva tecnología está protegida por la ley de patentes.

Ricardo Buryaile juramenta como ministro de Agroindustria del Gobierno argentino, ante el presidente Mauricio Macri (izq.)

El Gobierno de Mauricio Macri, que enfrenta alto descontento social por despidos masivos entre otras medidas, de acuerdo con el abogado tiene “una mirada complaciente, porque las autoridades anteriores aprobaron (la introducción de) todas las semillas transgénicas, así como la regulación sobre la evaluación de los transgénicos en Argentina”.

Por su parte, la onegé Naturaleza de Derechos advierte de que la falta de adecuados controles “ha permitido la proliferación de semillas transgénicas, omitiendo información esencial que si se tuviera en cuenta podría impedir su comercialización”.

Según esta y otras organizaciones ecologistas, no solo la semilla transgénica conlleva riesgo, sino también los agrotóxicos, como el glifosato, cuyo monopolio detenta Monsanto, que tiene en la actualidad 80 por ciento del mercado mundial de las plantas transgénicas.

En enero, miles de personas salieron a las calles en Buenos Aires, capital de Argentina, para exigir el fin de las actividades de la corporación Monsanto, la mayor productora de semillas transgénicas en la provincia central de Córdoba.

Hispantv

 

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