Mundo

03
Mar
2015

El caso del desfalco de 61 millones de dólares del Ministerio de Defensa en 2001, en el que está implicado Enrique Ríos Sosa, hijo del exdictador Efraín Ríos Montt, vuelve a ser titular hoy en la prensa guatemalteca.

Medios radiales, televisivos e impresos destacan que la Fiscalía contra la Impunidad fue notificada de la resolución de la Sala Primera de Apelaciones Ramo Penal, en el cual se ordena al Juez de Primera Instancia Penal abrir el debate en este proceso judicial.

El Ministerio Público (MP) informó que los sindicados son los militares retirados Enrique Ríos Sosa, Moisés Galindo, Luis Alberto Gómez, Pedro Catalán, Randolfo Chacón, Miguel Ángel Salguero, Luis Catarino Estrada y Sergio Cano.

“Existe fundamento serio para el enjuiciamiento público de los imputados por los delitos de falsedad ideológica y peculado, pues existe la posibilidad de demostrar que tuvieron participación en el desvío”, detalló la referida sala en su fallo.

A los ocho uniformados se les acusa de planificar y ejecutar la sustracción de 471 millones 585 mil 965 quetzales con 35 centavos (equivalentes a 61 millones de dólares) del Ministerio de la Defensa Nacional de enero a diciembre de 2001.

La orden se deriva de un recurso de casación declarado con lugar por la Corte Suprema de Justicia, que ordenó a la Sala emitir otra resolución y fundamentar la razón por la cual confirmó el sobreseimiento del proceso, recodó la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

En el dictamen se incluyen los principales elementos de investigación aportados en la audiencia de primera declaración por el MP y la Cicig, órgano este último cuyo mandato expira en septiembre y su renovación está bajo consideración.

Walter Villatoro, quien fungía como juez Décimo de Instancia Penal, cerró el caso el 27 de septiembre de 2013, en contra de los ocho militares, al aducir que hubo manipulación al obtener los medios de prueba y que los mismos ya habían sido valorados.

Las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala firmaron el Acuerdo relativo a la creación de la Cicig, el 12 de diciembre de 2006, el cual fue ratificado por el Congreso de la República el 1 de agosto del siguiente año.

Es un órgano independiente de carácter internacional, que apoya al MP, la Policía Nacional Civil y otras instituciones del Estado a investigar e impulsar acciones para desmantelar cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.
Prensa Latina

 

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