Mundo

18
Mar
2016

La Unasur ha enviado a los países que integran ese bloque comunitario, un proyecto de declaración de respaldo institucional a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ante la convulsionada situación política de ese país.

A instancias del presidente uruguayo, Tábare Vázquéz, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), prepara una declaración para respaldar a Rousseff, en momentos en que la mandataria enfrenta un juicio político para destituirla, dijo el jueves el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, en una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado uruguayo.

“Una declaración está circulando por todas las repúblicas de la Unasur haciendo un llamado y una exhortación a que se respete el orden institucional en Brasil”, dijo el canciller en referencia a la nota que el mandatario uruguayo está promoviendo como presidente del organismo sudamericano.

El canciller dijo que la situación en Brasil es preocupante porque “hay movilizaciones, hay acuartelamiento de tropas; es una situación compleja y grave”. Asimismo, explicó que la declaración tiene como fin “hacer un llamamiento a que la situación se solucione lo más rápidamente posible” y enfatizó que Rousseff fue elegida por voluntad popular hasta el año 2019.

El gigante suramericano atraviesa actualmente una aguda crisis tanto económica como política, con el país en recesión y la clase política que sufre el rechazo de buena parte de la población como consecuencia del escándalo de corrupción que envuelve a la estatal Petrobras y que ha salpicado a políticos de distintos partidos.

Los brasileños volvieron a movilizarse el jueves tras la asunción de Lula Da Silva como nuevo jefe de Gabinete de Rousseff, un nombramiento que ha sido cuestionado por sus detractores como una estrategia para protegerlo de una investigación por corrupción.

Poco después de la ceremonia de asunción de Lula, un juez federal en Brasilia, emitió una medida cautelar para suspender su nombramiento ministerial, con el argumento de que perjudica “el libre ejercicio del poder judicial”.

Por otro lado, la Cámara de Diputados ha notificado esta misma jornada en forma oficial a Rousseff que inició el trámite para un eventual juicio con miras a su destitución, lo que abre un plazo de diez días para que presente su defensa.

Las acusaciones contra la presidenta, formuladas por juristas y cuatro partidos de la oposición, se fundamentan en unas supuestas irregularidades cometidas por el Gobierno entre 2014 y 2015 en sus balances, de los que habría ocultado unas millonarias deudas acumuladas con la banca pública.

Hispantv

 

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