Opinión

Autor: Alberto Aranguibel B

11:39 am
21
Oct
2015

En enero de 2003, la junta directiva de la Reserva Federal norteamericana designó un equipo de semiólogos y analistas del discurso para revisar en detalle todas y cada una de las palabras que fuese a decir a la prensa el presidente de ese organismo, Alan Greenspan, en virtud del efecto que estas podrían causar en la economía más importante del planeta. El experto economista, con más de 15 años al frente de esa institución para aquel momento, sabía absolutamente todo lo que había que saber de economía, pero no necesariamente sabía un comino de comunicación y por eso había incurrido ya en muy costosos errores para el sistema.

En Venezuela, ese aspecto suele ser dolorosamente descuidado, si no despreciado, por la directiva de todo tipo de organismos del Estado. En los comunicadores se piensa solamente cuando hay que publicar una nota o dar una declaración de prensa. De resto, cuando mucho se llega hasta la agencia de publicidad, y ni siquiera como opción de consulta en el área de comunicación estratégica sino para ordenarle una campaña determinada.

Este fin de semana vimos un caso en el que esta falla se evidenciaba.

En Venezuela se está librando una batalla crucial para la vida de la república entre quienes sostienen que el sistema electoral venezolano es uno de los más perfectos del mundo en términos de su transparencia y confiabilidad, y quienes desde el sector político que siempre pierde las elecciones sostienen todo lo contrario. Con lo cual pareciera que la obligación más impostergable es consolidar al máximo la credibilidad de todas y todos los venezolanos en ese sistema, a través de la mayor cantidad de pruebas fehacientes que demuestren la inviolabilidad y robustez tecnológica del mismo.

Siendo este el sistema electoral más auditado del mundo, con más de 21 auditorías que se realizan antes, durante y después del evento electoral, el sector que hoy lo ataca se niega a aceptar esa transparencia bajo ningún razonamiento, aún cuando todas esas auditorías son supervisadas por representantes de la oposición.

Si el término “simulacro” connota fingimiento o falsedad, ¿por qué entonces no llamar “prueba” o “ensayo” a lo que se iba a hacer para ayudar a dar más tranquilidad a la población?

Preguntar no cuesta nada.

 

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