Opinión

Autor: Tom Burghardt

05:03 pm
13
Oct
2011

El 30 de septiembre, elementos de la CIA y el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC, por sus siglas en inglés), bajo el control de la Agencia, asesinaron en un ataque de drone en Yemen al supuesto jefe de “operaciones exteriores”, Anwar al-Awlaki, de la base de datos afgano-árabe de recursos descartables de la inteligencia occidental, también conocida como al Qaida, y a un segundo ciudadano estadounidense, Samir Khan, de 25 años, editor de la revista Inspire.

Como informó el mes pasado The Washington Post, la “mezcla” de agentes de la CIA, tropas paramilitares del JSOC y contratistas “ocupa un inframundo en plena expansión entre inteligencia y operaciones militares” del cual “comités de inteligencia y servicios armados del Congreso obtienen rara vez una visión exhaustiva”.

O ninguna “visión” en absoluto, que es precisamente lo que quisieron desde hace tiempo la CIA y el Pentágono: una zona libre de supervisión en la cual operen los responsables políticos estadounidenses, como lo dijo de modo infame Dick Cheney, al “lado oscuro”, una posición totalmente compartida por el gobierno de “esperanza y cambio” de Barack Obama.

El asesinato de Awlaki patrocinado por el Estado, como el asesinato el 2 de mayo de Osama bin Laden en Abbottabad, Pakistán, hacen que vuelvan a la superficie numerosas preguntas que no han obtenido respuesta respecto a los ataques del 11-S, el denominado gatillo para la “Guerra contra el Terror” global de EE.UU.

Pero antes de considerar esos temas, es necesario tomar un desvío y examinar acciones del gobierno; específicamente las deliberaciones emprendidas por el equipo de seguridad nacional de Obama que culminaron en la muerte de Awlaki.

El “Panel de la Muerte” de la Casa Blanca

A diferencia de las fantasías del Tea Party, controlado por las corporaciones que durante los preparativos para la liquidación de la reforma de la atención sanitaria por parte de la Casa Blanca, acusó al gobierno de querer crear “paneles de la muerte” para negar atención a los ancianos, se ha desvelado desde entonces que el Equipo de Obama ha establecido un ‘panel’ real.

Según The Washington Post, el Departamento de Justicia del presidente Obama “escribió un memorando secreto autorizando el ataque “letal” contra Awlaki. The Post informa que el memorando” se produjo después de un estudio de los aspectos legales creados por el ataque contra un ciudadano de EE.UU. e involucró a importantes abogados de todo el gobierno. No hubo disenso sobre la legalidad de matar a Awlaki”.

Según The New York Times, el memorando se redactó en junio de 2010, unos seis meses después que se apuntara a Awlaki en la lista de ataques de la Casa Blanca, por los abogados de la Oficina de Asesoramiento Legal (OLC) “David Barron y Martin Lederman”.

Los dos ex abogados de la OLC son destacados “liberales” de prestigiosas universidades: Barron de Harvard y Lederman de la Universidad Georgetown.

De modo bastante irónico, ambos habían protestado en varios artículos académicos contra la adaptación por el gobierno anterior de la “Teoría Ejecutiva Unitaria” promulgada por los autores del “memorando de la tortura”, Jay Bybee y John Yoo.

Bajo Bush, las opiniones de la OLC se usaron para justificar desde escuchas telefónicas sin mandato y el despliegue de militares en el interior para arrestar a estadounidenses, hasta la tortura y detención indefinida de presuntos “terroristas” en el gulag de la prisión de Guantánamo y los “sitios ocultos” de la CIA.

Esto, por cierto, lleva a la pregunta: Si el asesinato de Awlaki fue “legal”, ¿por qué se autorizó que se hiciera en secreto después de un proceso de deliberación que no se puede compartir con el público por motivos de “seguridad nacional”?

La respuesta debería ser escalofriante y chocante para todos los estadounidenses, porque es posible que ahora exista el núcleo de un Estado de escuadrones de la muerte como los establecidos en Chile y Argentina durante el período de la “Guerra Sucia” de los años setenta.

Reuters reveló que a algunos estadounidenses “se les apunta en una lista de captura o muerte por un panel secreto de altos funcionarios del gobierno, que entonces informa al presidente de sus decisiones, según funcionarios”.

“No existe un registro público de las operaciones o decisiones del panel”, escribió el periodista Mark Hosenball, “que es una subcomisión del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca… Tampoco hay alguna ley que establezca su existencia o las reglas según las cuales se supone que debe operar.”

Según Reuters, “las recomendaciones de los ataques son elaboradas por un comité de funcionarios de mediano nivel del Consejo Nacional de Seguridad y de la Agencia. Luego sus recomendaciones se envían al panel de ‘principales’ del NSC, con lo que se quiere decir secretarios del Gabinete y jefes de unidades de inteligencia, para su aprobación.”

Un “ex funcionario” dijo a Hosenball que “uno de los motivos para que altos funcionarios sean los principales responsables de la nominación de estadounidenses para la lista de objetivos fue ‘proteger’ al presidente”, es decir para dar a Obama una cobertura legal bajo el delgado barniz permitido por la “denegación plausible”.

McClatchy News informó de que “hablando en general” las órdenes de la Casa Blanca para matar a Awlaki se basaron en afirmaciones de que “el derecho inherente de autodefensa de la nación [está] reconocido en el derecho internacional”.

Sin embargo, el “derecho internacional también impone límites: Los asesinatos selectivos están prohibidos con la excepción de proteger contra un peligro ‘concreto, específico e inminente’”.

Aunque el gobierno afirma ahora que Awlaki fue objetivo de asesinato porque “su papel en AQAP [al Qaida en la Península Arábiga] había pasado ‘de ser de inspiración a operativo’, Reuters reveló que “funcionarios reconocen que parte de la inteligencia que pretende mostrar el papel directo de Awlaki en la preparación de ataques era irregular”.

En los hechos, la Casa Blanca no ha suministrado prueba alguna de que Awlaki planteara un “peligro inminente” para EE.UU., aunque existe considerable evidencia de que estuvo en el radar de EE.UU. y de agencias secretas estatales de inteligencia aliadas durante más de una década, tenía estrechos vínculos con varios de los secuestradores del 11-S y podría haber sido detenido y acusado en cualquier momento.

En lugar de hacerlo, funcionarios federales del mantenimiento del orden dieron luz verde a Awlaki para salir de EE.UU., a diferencia de miles de inocentes musulmanes-estadounidenses detenidos por el FBI en la histeria posterior al 11-S.

Un “ex agente de inteligencia militar que trabajó con tropas de operaciones especiales para perseguir a objetivos terroristas de alto valor”, dijo al derechista Washington Times: “Pienso que es bastante fácil comprender por qué no lo detuvieron vivo. ¿Querríais encarar el lío de tratar de enjuiciar a un ciudadano estadounidense que ha aparecido tanto en la prensa como objetivo de una orden de asesinato de la CIA? Sería una pesadilla. La ACLU [Unión Estadounidense por las Libertades Civiles] andaría pululando por todo el Departamento de Justicia pidiendo el debido proceso ante un tribunal estadounidense.”

Eso resume aproximadamente el modo dominante de pensar de un Imperio en rápida decadencia: el vigor de la ley y el debido proceso para presuntos criminales se reduce a una “disputa”.

Arrastrándonos hacia la dictadura

El equipo de seguridad nacional de Obama justificó el asesinato de Awlaki, como en el caso de su tarea anterior contra Osama bin Laden, refiriéndose a la Autorización para Uso de Fuerza Militar (AUMF) de la era Bush, aprobada apresuradamente por el Congreso después de los ataques del 11-S.

“Una década después”, informó McClatchy, “el gobierno de Obama afirma que esa autoridad de tiempos de guerra sigue existiendo aunque evolucionó por motivos que el gobierno no está dispuesto a aclarar en su totalidad”.

La sección relevante de la AUFM dice: “EN GENERAL – Que el presidente está autorizado a utilizar toda la fuerza necesaria y apropiada contra las naciones, organizaciones o personas que determine que planificaron, autorizaron, cometieron o ayudaron a ataques terroristas que ocurrieron el 11 de septiembre de 2001, o albergaron a semejantes organizaciones o personas, a fin de impedir cualesquiera futuros actos del terrorismo internacional contra EE.UU. por tales naciones, organizaciones o personas”. (Énfasis agregado)

Los lectores notarán indudablemente que al aprobar la resolución, el Congreso no solo entregó su autoridad de declarar la guerra al Poder Ejecutivo, sino que además plantó las semillas de las doctrinas de guerra preventiva del gobierno junto con una expansión sin precedentes de sus poderes de vigilancia en el interior.

Lo más pertinente es el motivo por el cual el gobierno “no está dispuesto a aclarar en su totalidad” cómo la AUMF de la era Bush “evolucionó” sobre todo debido al hecho de que ahora existen anexos secretos que autorizan el asesinato de estadounidenses, no solo en Yemen y otros frentes de la “Guerra contra el Terror”, sino aquí mismo en EE.UU.

Después de todo, no es inconcebible que el gobierno de Obama actúe con muy poca consideración por la verdad u oculte políticas represivas de “conclusiones” presidenciales bajo capas de máximo secreto o una multitud de programas ocultos de la CIA y el Pentágono, como lo hizo el anterior gobierno de Bush.

Hay que recordar que durante los preparativos para la “reautorización” de tres provisiones de la Ley Patriota EE.UU. que iban a expirar, los defensores de las libertades civiles denunciaron el uso de memorandos legales secretos para justificar todo, desde el acceso descontrolado a registros de Internet y de teléfonos al despliegue de malware aprobada por el gobierno contra ordenadores privados durante investigaciones de “seguridad nacional”.

También hay que recordar que el gobierno de Obama, como reveló The New York Times en junio, otorgó al FBI “importantes nuevos poderes para sus cerca de 14.000 agentes, permitiéndoles más libertad de acción a fin de revisar bases de datos, revisar la basura de domicilios o utilizar equipos de vigilancia para escudriñar las vidas de gente que haya atraído su atención”.

Estas “nuevas reglas”, asevera el Times, darán a los agentes “más libertad de acción” para investigar a ciudadanos incluso si no existe evidencia de que hayan dado “señales de actividad criminal o terrorista”.

La cosa se pone peor

El mes pasado, The New York Times reveló que al FBI “se le permite incluir gente en la lista de vigilancia de terroristas del gobierno incluso si ha sido absuelta de ofensas relacionadas con el terrorismo o si las acusaciones se han abandonado”.

Según estas nuevas normas, el Buró puede considerar que alguien es un “conocido o presunto terrorista” sin basarse en evidencia acumulada mediante una investigación criminal, sino solo si los funcionarios tienen “información derogatoria particularizada”, incluyendo la derivada de actividades protegidas por la Primera Enmienda, para apoyar la inclusión de un individuo en la lista de vigilancia o para colocarlo en una lista de “no-vuelo”.

Un bromista del gobierno, hablando bajo la condición de anonimato porque de otras manera revelaría “deliberaciones con participación limitada dentro del gobierno”, pero lo hizo en todo caso porque se trataba evidentemente de una filtración aprobada al estenógrafo Peter Finn, dijo a The Washington Post que “lo que constituye debido proceso en [el caso Awlaki] es debido proceso en la guerra”.

“Los funcionarios del gobierno se negaron a revelar el análisis legal exacto utilizado para autorizar el ataque contra Awlaki”, escribió Finn, “o cómo consideraron algún derecho a debido proceso según la Quinta Enmienda”.

Ahora sabemos, gracias a Reuters, que esa autorización provino de un panel de la muerte de la Casa Blanca, un comité extra constitucional de funcionarios anónimos que opera fuera de la ley.

Como hemos visto desde que Barak Obama asumió el cargo, así como durante el previo gobierno de Bush, la Constitución es un pedazo de papel sin importancia con algunas palabras escritas, debidamente pregonada en los días festivos solo para dejarla de lado en la práctica; es decir, cuando no se utiliza como un martillo retórico contra toda clase de “nuevos Hitlers” o rivales geopolíticos cuyos recursos desean “liberar” las corporaciones de EE.UU.

Los muertos no hablan

Por tóxico para las normas democráticas y las leyes vigentes que sea el affaire Awlaki, hay temas parapolíticos subyacentes que rodean su asesinato y refuerzan las sospechas de que lo que ocurrió en Yemen el 30 de septiembre sea más que otra historia sobre una ostensible toma del poder por el Poder Ejecutivo.

Mientras el gobierno y los medios siguen encubriendo el papel jugado por la CIA y otras agencias secretas del Estado en supuestas “fallas” de inteligencia que llevaron a los ataques del 11-S, la evidencia sugiere que el asesinato de Awlaki, como en el caso del asesinato en mayo de la antigua bestia negra, aliado y enemigo alternativamente, Osama bin Laden, puede haber sido una operación de “limpieza” para eliminar testigos inconvenientes, conocedores de la participación de la Agencia en el complot.

Como informó Antifascist Calling hace casi dos años, después del abortado atentado en 2009 del Vuelo 253 de Northwest Airlines en Navidad sobre Detroit, un complot de cuya preparación acusaron a Awlaki aunque no se puede suministrar evidencia porque es “secreta”, The Washington Post reveló que Awlaki tuvo amplios contactos con los secuestradores del 11-S Nawaf Alhazmi, Khalid Almihdhar y Hani Hanjour, quienes “habían pasado algún tiempo en sus mezquitas en California y Falls Church”.

En una serie de artículos (aquí, aquí, aquí y aquí), informé sobre los fuertes paralelismos entre el 11 de septiembre y affaire del Vuelo 253.

De un modo similar a los ataques de 2001 nos dijeron que “todo cambió”: lejos de ser que no se hayan “conectado los puntos”, los funcionarios de inteligencia y de mantenimiento del orden poseían suficiente información que debería haber impedido que el acusado del atentado, Umar Farouk Abdulmutallab, accediera al avión y pusiera en peligro a casi 300 pasajeros.

Aunque el gobierno no dio un pase libre a Awlaki en ese ataque malogrado, es indudable que el hecho de que el gobierno lo haya detenido anteriormente ciertamente contribuyó a lo que sucedió.

Según History Commons, “poco antes de que se cerrara la investigación [del FBI de los supuestos vínculos con la actualmente cerrada Fundación Tierra Santa] en el año 2000, Awlaki “comenzaba a asociarse con los secuestradores Nawaf Alhazmi y Khalid Almihdhar poco antes del fin de la investigación”.

“Por ejemplo”, afirma History Commons, “el 4 de febrero, un mes antes del cierre de la investigación del FBI, al-Awlaki habló cuatro veces por teléfono con el socio de los secuestradores [y presunto agente de la inteligencia saudí] Omar al-Bayoumi”.

“La Comisión del 11-S especuló posteriormente que esos llamados se relacionaban con Alhazmi y Almihdhar, ya que al-Bayoumi estaba ayudándoles ese día, y que Alhazmi o Almihdhar incluso pueden haber estado utilizando el teléfono de al-Bayoumi ese día.

Al-Bayoumi también había sido objeto de una investigación de contraterrorismo del FBI en 1999”.

Hay que tener en cuenta que por lo menos dos de los secuestradores, Nawaf Alhazmi y Khalid Almihdhar, figuran en lugar prominente en recientes revelaciones del investigador Kevin Fenton, autor de Disconnecting the Dots [Desconectando los puntos].

En una reciente conversación con Sibel Edmonds y Peter B. Collins de Boiling Frogs Post, Fenton dijo que durante el curso de su investigación, basada en la Investigación Conjunta del 11-S del Congreso, la Comisión del 11-S, el informe del Inspector General del Departamento de Justicia, y el informe Inspector General posteriormente editado por la CIA, descubrió que la CIA había retenido deliberadamente información del FBI de que los futuros secuestradores habían entrado a EE.UU. con múltiples visas de ingreso emitidas en Jeddah, Arabia Saudí.

A pesar de que la Agencia había identificado a ambos como terroristas internacionales que asistieron a una cumbre de al Qaida en Malasia en el año 2000, en la cual ellos y otros, incluidos Khalid Shaikh Mohammed y Khallad Bin Attash, uno de los principales artífices de los atentados contra embajadas de EE.UU. en Kenia y Tanzania en 1998 y planificó el ataque contra el USS Cole y los ataques del 11-S, ocultaron al FBI una información que podría haber llevado directamente al corazón de la “operación aviones” de al Qaida.

Fenton suministra evidencia sustancial de que el director de la Estación Alec de la CIA, Richard Blee y su adjunto, Tom Wilshire, ocultaron información a los investigadores, y concluyó que esta “información fue intencionalmente omitida a fin de permitir que siguiera adelante un ataque de al Qaida contra EE.UU.”

Como parte de este continuo encubrimiento, los vínculos de Awlaki con los secuestradores del 11-S fueron mucho más amplios de lo que nos han llevado a creer los funcionarios secretos del Estado.

De hecho, aunque el gobierno de Obama ha justificado el asesinato de Awlaki con afirmaciones falsas de que era jefe de “operaciones exteriores” de AQAP, su papel antes del 11-S fue sustancialmente más significativo desde una perspectiva indagatoria: el de un “amañador”, primero en San Diego donde ayudó al agente de la policía secreta saudí Omar al-Bayoumi a “establecer” a Alhazmi y Almihdhar, y después en Falls Church, Virginia, donde hizo lo mismo para Hani Hanjour.

En 2002, Newsweek reveló que “algunos investigadores federales sospechan que al-Bayoumi podría haber sido un enviado anticipado para los secuestradores del 11-S, enviado por al Qaida para ayudar en el complot que finalmente costó 3.000 vidas”.

“Dos meses después de que al-Bayoumi comenzó a ayudar a Alhazmi y Almihdhar,” reveló Newsweek, “la esposa de al-Bayoumi comenzó a recibir pagos regulares, a menudo mensualmente y normalmente de cerca de 2.000 dólares, por un total de decenas de miles de dólares.

Los pagos llegaban “en forma de cheques bancarios, comprados al Riggs Bank de Washington por la princesa Haifa bint Faisal, hija del difunto rey Faisal y esposa del príncipe Bandar, enviado saudí que es un personaje destacado en Washington y amigo personal de la familia Bush”.

Con sorprendentes similitudes con el caso Awlaki, diez días después de los ataques, al-Bayoumi es detenido por las autoridades británicas en Londres, donde se había instalado en julio de 2001, a pedido del FBI. Aunque se analizaron sus llamados telefónicos, cuentas bancarias y asociaciones, el Buró afirma que no encontró conexión alguna con el terrorismo.

The Washington Post informa de que en 2002 el FBI había concluido que en el mismo año en que Awlaki parte de EE.UU. “no se pudo encontrar ninguna evidencia de algún esfuerzo interior por ayudar a los secuestradores”.

Hay que recordar que recientemente ha aparecido más información que vincula con los ataques a algunos miembros de la familia real saudí y su aparato de inteligencia. El mes pasado, The Miami Herald reveló que dos semanas antes de los ataques suicidas contra el World Trade Center y el Pentágono, una familia saudí “desocupó abruptamente su lujosa casa cerca de Sarasota, dejando un coche totalmente nuevo a la entrada, un refrigerador lleno de comida, frutas en el bar y una caja fuerte abierta en el dormitorio principal”.

Los periodistas de investigación Anthony Summers y Dan Christensen averiguaron que “los agentes del mantenimiento del orden no solo descubrieron que la casa era visitada por vehículos utilizados por los secuestradores, sino que se vincularon llamadas telefónicas entre la casa y los que realizaron los vuelos letales –incluido su líder Mohamed Atta– descubrimientos que nunca fueron revelados al público”.

“Diez años después del ataque más mortífero del terrorismo en suelo estadounidense”, escribieron Summers y Christensen, “ha emergido nueva información que muestra que el FBI encontró vínculos inquietantes entre los secuestradores y residentes en la comunidad acaudalada del sudoeste de Florida, pero no se informó al Congreso sobre la investigación ni se mencionó en el Informe de la Comisión del 11-S”.

En un artículo de seguimiento que hizo progresar significativamente la historia, el investigador Russ Baker informó en el sitio en la web WhoWhatWhy de “que esos supuestos confederados estaban estrechamente vinculados a miembros influyentes de la elite gobernante saudí”.

Con base en la información revelada primero por el Herald, Baker, autor de Family of Secrets [Familia de secretos], informa que ese “vínculo recién revelado” entre los que confraternizaban con los secuestradores en Florida “y los rangos máximos del establishment saudí, reabre preguntas sobre la controvertida aprobación por la Casa Blanca de múltiples vuelos chárter que permitieron que nacionales saudíes partieran de EE.UU., a partir de las 48 horas después de los ataques, sin que los pasajeros fueran entrevistados por el mantenimiento del orden, a pesar de la identificación de la mayoría de los secuestradores como saudíes”.

¿Existe un patrón entre el tratamiento de no intervención otorgado a saudíes bien conectados y la huida informal, e inexplicable de Anwar al-Awlaki de EE.UU.?

“Después del 11-S” señala History Commons, “el FBI cuestionó a al-Awlaki, y él admitió haberse reunido varias veces con Alhazmi, pero dijo que no recuerda lo que discutieron. No afirma de ninguna manera que recuerde a Almihdhar.” Otros relatos sugieren que la relación fue mucho más estrecha.

“La Investigación del Congreso”, señala History Commons, afirma que Alhazmi y Almihdhar ‘estaban estrechamente ligados a [al-Awlaki] quien según se dice sirvió como su consejero espiritual durante su estadía en San Diego… Varias personas informaron al FBI después del 11 de septiembre de que ese imán mantuvo reuniones a puertas cerradas en San Diego con Almihdhar, Alhazmi, y otro individuo, a quien al-Bayoumi había pedido que ayudara a los secuestradores’.”

“Cerca de agosto de 2000”, informa History Commons, “al-Awlaki renuncia como imán y viaja a ‘varios países’ desconocidos’. A principios de 2001, será nombrado imán de una mezquita mucho más grande en Falls Church, Virginia. Durante ese período, Alhazmi, Almihdhar, y otro secuestrador, Hani Hanjour, se mudaron a Virginia y asistieron a la mezquita local de al-Awlaki.”

Anecdóticamente, Newsweek informa en 2003: “Lincoln Higgie, un anticuario que vivía al otro lado de la calle de la mezquita en la que Awlaki solía dirigir las oraciones, dijo a Newsweek que recuerda claramente que el imán golpeó su puerta en la primera semana de agosto de 2001 para decirle que se iba a Kuwait. ‘Atravesó antes de irse y me dijo que iba a pasar algo grande, y que tenía que estar fuera del país cuando ocurriera’, recuerda Higgie.”

El anticuario dijo a The New York Times que cuando supo que Awlaki se iría permanentemente de San Diego, “dijo al imán que pasara a verlo si volvía alguna vez a la zona, y recibió una respuesta extraña”. Según Higgie dijo, “‘No creo que me vea. No voy a volver a San Diego. Más adelante descubrirá por qué’.”

Aunque el FBI sospechaba que Awlaki “tuvo alguna conexión con el complot del 11-S”, las autoridades afirman que no había suficiente evidencia para acusarlo, y tampoco se le podía deportar porque era ciudadano estadounidense. Y cuando el Buró improvisó un plan mal concebido para arrestarlo por una oscura acusación de “transportar prostitutas a través de líneas estatales” ese plan se derrumbó cuando Awlaki abandonó EE.UU. en marzo de 2002.

“Pero el 10 de octubre de 2002”, informa History Commons, “Awlaki hizo un sorpresivo retorno a EE.UU.” Aunque su nombre estaba en la lista de vigilancia de terroristas y fue detenido por funcionarios de aduanas cuando aterrizó en Nueva York, el FBI los informó de que “su nombre se había borrado de la lista de vigilancia justo el día antes. Fue liberado a las tres horas.”

“Durante todo 2002”, nos informa History Commons, Awlaki es “objeto de una activa investigación de la aduana por lavado de dinero llamada Operación Greenquest, pero tampoco es arrestado por este caso, o por las acusaciones de prostitución consideradas anteriormente. Entonces el FBI se oponía a Greenquest, y los funcionarios de aduanas acusaron posteriormente al FBI de sabotear las investigaciones de Greenquest.”

Awlaki vuelve a partir de EE.UU, esa vez para siempre. Aunque el FBI admite que estaba “muy interesado” en Awlaki, no impide que abandone el país. Una fuente del FBI dijo a U.S. News and World Report: “No sabemos cómo pudo salir”.

¡Inexplicablemente, sin embargo, recién en 2008 los funcionarios secretos del Estado concluyeron que Awlaki era un agente de al Qaida! Parece increíble y provoca la pregunta de por qué le permitieron que se fuera en primer lugar. Ciertamente no puede ser por falta de evidencia ya que cuando Awlaki se estableció, primero en Londres y finalmente en Yemen, estuvo continuamente bajo la vigilancia de agencias de inteligencia británicas, yemeníes y estadounidenses.

Aunque fue entrevistado cuatro veces por el FBI después del 11 de septiembre, el Buró concluyó, según The New York Times, que “los contactos [de Awlaki] con los secuestradores y otros radicales fueron accidentales”.

Sin embargo, otros investigadores no están de acuerdo. “Un detective” informó el Times, “cuyo nombre se ha borrado de los archivos de la Comisión del 11-S, dijo al personal que creía que Awlaki “estaba al centro de la historia del 11-S”. Cuando sucedió el affaire del Vuelo 253, escribí que “a pesar, o posiblemente debido a esas conexiones dudosas, se le permitió que abandonara el país”.

En los hechos, el curioso desinterés mostrado por las autoridades por retener a Awlaki después del 11-S, no se debió ni a “desaciertos” ni a “errores” de investigadores abrumados de trabajo sino más bien a un modus operandi que sugiere que Awlaki y otros formaban parte de una operación interior de la CIA que permitió que el complot del 11-S siguiera adelante.

Nada de lo que he escrito anteriormente debe interpretarse como justificación del asesinato extrajudicial de Anwar al-Awlaki. De hecho, se puede sacar la conclusión contraria. La evidencia disponible indica que Awlaki podría haber sido arrestado muchas veces. Al extremo menos serio del espectro de la justicia penal podría haber sido acusado de suministrar “apoyo material a una específica organización terrorista extranjera”, al Qaida, y sacado legalmente de circulación.

Que no haya sucedido y que haya seguido operando libremente como propagandista, a pesar de la sustancial corroboración de múltiples fuentes del mantenimiento del orden de que era un personaje clave en la red interior de apoyo antes del 11-S, sugiere que Awlaki puede haber sido un agente doble, aunque haya se haya desviado decididamente de su tarea.

El manejo de Awlaki por las autoridades plantea serias preguntas sobre hasta qué punto fue amplio el apoyo en EE.UU. para al Qaida antes, y posiblemente incluso después, de los ataques del 11 de septiembre, particularmente en centros globales ricos en recursos.

Como han documentado concienzudamente numerosos periodistas e investigadores, al Qaida, grupos terroristas aliados y redes internacionales del narcotráfico tienen una larga y sórdida historia de apoyo a operaciones clandestinas de EE.UU. que apuntaban a rivales geopolíticos de EE.UU., incluso mientras la vasta organización de bin Laden complotaba para atacar al propio EE.UU.

Desde este punto de vista, el “asesinato selectivo” de Awlaki, así como el anterior de Osama bin Laden, puede formar parte de una operación mayor de la CIA y del Pentágono para eliminar de la escena a participantes y testigos inconvenientes que podrían tener una o dos cosas que decir sobre los crímenes e intrigas tramadas por el Imperio imperialista.

Después de todo, los muertos no hablan…

Autor: Tom Burghardt
Fuente: Global Research/Rebelión
Traducción: Germán Leyens
 

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