Opinión

Autor: Luisa Ortega Díaz

02:49 pm
16
Jun
2015

El 11 de junio se celebró en la ciudad de Ouro Preto, Brasil, la XVIII Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur, con el objetivo de fomentar la cooperación jurídica entre las naciones que conforman esa organización.

Las repúblicas suramericanas confrontan realidades económicas, sociales, culturales y jurídicas comunes: por ejemplo, la seguridad ciudadana y la criminalidad. Así, en el vecino país, decidimos abordar los temas de violencia de género, violación de los derechos humanos, el necesario control social sobre los cuerpos policiales y la delincuencia organizada.

Y como en la patria de Bolívar se han dado importantes avances en los referidos temas, expusimos con detalle los logros alcanzados, pues consideramos que nuestro país es referencia internacional por las leyes que norman estos asuntos. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es vanguardia en igualdad de género, en defensa de los derechos humanos y en la determinación del carácter preventivo y civil de los cuerpos de seguridad ciudadana.

Además, el Ministerio Público venezolano ha hecho grandes aportes en estos temas. Fueron creadas la Unidad Criminalística contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales con la finalidad de investigar los casos de violación de derechos humanos, y las direcciones contra la Delincuencia Organizada y de Defensa para la Mujer.

Entonces, en Ouro Preto, se logró el apoyo de los fiscales generales al Proyecto de Capacitación para la Especialización de los Ministerios Públicos Fiscales del Mercosur en Criminalística y Ciencias Forenses, elaborado por Argentina y Venezuela. Es una herramienta fundamental para garantizar investigaciones transparentes y lograr así hacer justicia, en especial cuando se trata de delitos contra los derechos humanos. Será presentado al Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur para su financiamiento.

Finalmente, en ese importante foro integracionista reafirmamos nuestro compromiso para fortalecer la cooperación jurídica internacional Sur-Sur, con el fin de fortalecer el rol de los Ministerios Públicos y así garantizar una efectiva persecución penal a favor de las víctimas de los delitos más dañinos para la sociedad.

 

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