Opinión

Autor: William Serafino

12:55 pm
01
Sep
2015

El pasado 21 de agosto al otro lado de la frontera, específicamente en el mero centro de la ciudad de Cúcuta, estaba culminando un importante foro empresarial (Expogestión Frontera 2015) con la vocería transnacional de Ricardo Hausmann. La intención de tan perfumado evento estuvo centrada en proyectar internacionalmente a Cúcuta como una zona económica “desarrollada” e “independiente”, jugando a omitir en posición adelantada el trágico cuadro económico local que se sigue develando a medida que avanza el cierre fronterizo.

Datos preliminares

La puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos en 2012 y la programada sobreexposición económica diseñada en beneficio de grandes corporaciones transnacionales y en perjuicio de la población, han ido moldeando a Colombia como un país estructuralmente privatizado que socializa y democratiza el hambre y la miseria a lo largo y ancho del territorio.

Dentro de este marco de miseria económica planificada, Cúcuta (y en general el Departamento Norte de Santander) ha encontrado en la vertiginosa aceleración del contrabando de extracción desde Venezuela un mecanismo expedito e indispensable para que los carteles comerciales de la zona reactiven sus márgenes de ganancia en un contexto internacional marcado por la devaluación del peso colombiano (superior al 50%) en los últimos meses del año debido al encarecimiento del dólar y por una importante reducción de los ingresos nacionales producto de la estrepitosa caída de los precios internacionales del petróleo.

El poder político ejercido totalitariamente por la élite económica nacional y extranjera hace posible que estos desbarajustes externos afecten por distintas vías al más pobre y no las ganancias de los empresarios.

Cúcuta agrupa el 80% de las empresas del Departamento Norte de Santander. La actividad económica de la ciudad está basada fundamentalmente en el sector comercio, hoteles y restaurantes (37%), seguido por los servicios públicos (20%), industria (14%), transporte (11%), actividades inmobiliarias (8%) y construcción (6%). Las modalidades de empleo que se desprenden de este panorama se ven reflejadas en 61,7% de la población económicamente activa que se dedica al comercio, otro 26% que se desempeña como obrero y empleado, y un tercer sector bastante minoritario, absorbido como empleados del gobierno (3,8%), trabajo familiar (4%) y empleados domésticos (1,7%).

Aunque las estadísticas oficiales que provee el Dane están bastante atrasadas, informaciones emanadas de instituciones públicas y boletines estadísticos de tiempos recientes ofrecen un acercamiento a la realidad social de Cúcuta. La educación pública viene privatizándose año tras año, reduciendo la cantidad de cupos que ofrecen los colegios públicos a 60 mil para un universo de 175 mil estudiantes. Según una investigación realizada sobre el tema de la deserción escolar en Colombia, más de 50 mil niños de Cúcuta están fuera de las aulas de clase debido a la reducción de subsidios y el aumento de las matrículas en centros de educación privada.

El mismo fenómeno privatizado está presente en la salud. En Cúcuta “funcionan” sólo 4 hospitales públicos altamente precarizados, y los subsidios gubernamentales para tener una cobertura mínima sólo cubre a 20 mil habitantes. La inmensa mayoría restante debe pagar más de 70 mil pesos mensuales a una aseguradora privada para que le pongan un suero y le regalen par de paquetes de curitas.

La tasa de desempleo es la segunda más alta de Colombia (15,7%). La pobreza extrema es del 33% aproxidamente, y la canasta básica de alimentos supera cinco veces el salario mínimo, claves que dibujan un panorama socioeconómico articulado y dirigido desde la privatización de todos los aspectos de la vida, donde el Estado (como supuesto garante de derechos y tal) no existe en la realidad más allá de otorgar migajas sin ningún impacto poblacional. El alcalde de Cúcuta es simplemente un gestor del extensivo modelo hambreador que se le impuso a esa zona bajo el argumento de que el contrabando de extracción desde Venezuela ya proveía suficientes ayudas. Los principales beneficiados de aquí y allá lo llaman “comercio binacional” para legalizar sus constantes estafas al país.

La (cruda) verdad

El sector productivo de la economía de Cúcuta, como veíamos con anterioridad, absorbe a un sector bastante minoritario de la población que a diferencia del sector cuentapropista tiene al menos una remuneración constante y estable hasta cierto punto, lo cual no quiere decir que sea mucho mayor o que eso signifique acceder a un apartamento en el centro de la ciudad o a un carro del año.

Sin embargo, como muestra la infografía a continuación, este sector productivo-exportador se ha visto afectado desde el año 2012 impulsando el despido programado de los obreros que laboran en esas empresas, ya que ante una caída tan estrepitosa de las exportaciones y las importaciones de la zona, lo recomendable para el empresario (según la teoría económica capitalista) es deshacerse de los trabajadores para reducir costos y preservar las ganancias. Estos trabajadores despedidos son los que han inflado la tasa de desempleo durante los últimos dos años, y en consecuencia, la de aquellos que tienen que buscarse el sustento comprando y revendiendo productos venezolanos, alquilando minutos y vendiendo arroz con leche, los llamados cuentapropistas que se enfrentan diariamente con una realidad económica dirigida por el azar y el sálvese quien pueda.

En el año 2008, los empleos generados por esta rama económica industrial de la ciudad de Cúcuta superaban los 8 mil puestos de trabajo; tres años más tarde, según una investigación del Banco Central colombiano basado en el censo del año 2011, la cifra es de 4.993 empleados y bajando. Lo mismo sucede con la rama comercial, que pasó en el año 2008 de representar el 45,1% de la actividad económica de la ciudad al 61,7% en los años 2014 y 2015.

Dirigir acusaciones desaforadas y xenofóbicas contra el bachaquero común que cruza(ba) la frontera para comprar productos baratos en Táchira para luego revenderlos más caro en Cúcuta, y condenarlo en el mismo impulso como el principal culpable del contrabando de extracción, impide analizar e identificar políticamente el engranaje empresarial (colombiano, gringo, europeo y venezolano) que realmente se ha beneficiado a niveles exhorbitantes. Por esa herida abierta que está en la frontera, Procter and Gamble, Colgate-Palmolive, Nestlé, Empresas Polar, Cargill, Pastas Sindoni, entre otros consorcios extranjeros y nacionales, han maximizado sus ganancias, puesto que el desvío interesado de productos hacia estados fronterizos donde se realizan las incautaciones más escandalosas y el transplante acaparador de las mismas de galpón en galpón, constituyen amplias redes de distribución que terminan inevitablemente en Cúcuta, las cuales hacen uso tanto de las diversas trochas para tal fin como también del soborno para aceitar la colaboración de autoridades corruptas venezolanas.

De igual forma, del lado colombiano existe un engranaje comercial que centraliza los beneficios superlativos que se derivan del contrabando. Y ese beneficio superlativo está dado por el cable a tierra que tienen del lado venezolano, el cual le permite saber cuándo adormecer una mercancía en un lugar específico, cuándo extraerla a toda velocidad, qué corredores viales no deben ser saturados, cómo descentralizar el uso de trochas, en fin, el arte de la guerra económica transnacional. Según la Camara de Comercio de Cúcuta, más de 13 mil empresas realizan actividades comerciales de proveeduría, obviamente, de productos extraídos a Venezuela.

Según un estudio de campo realizado por esta misma institución privada, los cuentapropistas (más de 100 mil personas aproximadamente) que se dedican a vender productos de distinto tipo (obviamente no dicen que la inmensa mayoría son extraídos de Venezuela) en las calles de Cúcuta son surtidos por estos proveedores locales que centralizan y expenden la mercancía. Aproximadamente un 54% de los cuentapropistas, y por ende, una buena parte de la población económicamente de Cúcuta fungen como esclavos de estas empresas comerciales, totalmente exentas de cumplir con leyes laborales u obligaciones contractuales.

Palabras más, palabras menos: el grueso del contrabando de extracción está centralizado y dirigido por empresarios que tienen el capital, los recursos y la logística necesaria para mover grandes cargamentos desde Venezuela, no por el bachaquero que de manera individual compra en Táchira y revende en Cúcuta.

El grueso del contrabando de extracción está centralizado y dirigido por empresarios que tienen el capital, los recursos y la logística necesaria para mover grandes cargamentos desde Venezuela, no por el bachaquero que de manera individual compra en Táchira y revende en Cúcuta.

Y es precisamente este engranaje mafioso el encargado de abastecer de productos venezolanos a las más de 6 mil empresas del renglón hotelero y de restaurantes de la zona (el segundo sector más importante del espectro económico de Cúcuta por cantidad de empresas registradas), para que su oferta de platos típicos e internacionales se mantengan a un precio competitivo con arroz y pasta subsidiada desde Venezuela y para que nunca falte champú y jabón importado con dólares de Pdvsa en los cuartos de hotel cuatro estrellas. Si no fuera por el contrabando de extracción, la devaluación existente en Colombia no les permitiría desde el punto de vista real el aumento exponencial de sus ganancias en tan corto tiempo.

Son los grandes comerciantes y dueños de hoteles y restaurantes los que realmente se han beneficiado de forma desmedida del contrabando de extracción, puesto que implica(ba) un estímulo económico indispensable para desarrollar sus actividades especulativas. El habitante de Cúcuta que no encuentra trabajo a través de mecanismos regulares, aún bachaqueando productos y billetes hasta donde le rindió la energía, como en efecto lo hizo, no puede volverse millonario ni comprarse el carro del año o un apartamento en el centro, porque su condición de esclavo lo coloca en la irremediable centrífuga de la subvivencia, porque las gandolas y los grandes depósitos ya tienen los dueños contados.

El pasado 18 de agosto recorrió una buena parte del espectro mediático nacional una entrevista realizada a una mujer colombiana dedicada al bachaqueo de billetes en Cúcuta. La entrevista indignó a más de uno tanto por la actitud sobrada de la muchacha como por las ganancias que reportaba mensualmente. Sin embargo, nadie se puso a indagar minuciosamente en los números que expresaba, dando por hecho que estaba supuestamente haciéndose millonaria.

Dicho por ella misma, las ganancias mensuales que le confería bachaquear billetes eran 500 mil pesos. Supongamos, en consecuencia, que más o menos ésta es la cifra mensual que devenga un bachaquero colombiano (de productos, gasolina y billetes venezolanos).

Tan “indignantes” ingresos no superan si quiera el salario mínimo (616 mil pesos). Y a la luz de los actuales costos de la vida en Cúcuta, la cifra va perdiendo brillo mediático.

Un recibo de luz mensual no baja de los 200 mil pesos. El pago de matrícula escolar cuesta 100 mil pesos aproximadamente y las mensualidades varían entre 60 mil y 70 mil pesos en cualquier institución privada. Durante todo el mes se pueden gastar fácilmente 112 mil pesos nada más en transporte público. Una comida para dos personas cuesta aproximadamente 67 mil pesos. Un litro de aceite cuesta entre 4 mil y 20 mil pesos; la carne, el pollo y el pescado tienen un precio entre los 10 mil pesos y los 25 mil pesos por kilo; un kilo de arroz va desde los 3 mil hasta los 9 mil pesos; lentejas y caraotas, entre 7 mil y 8 mil pesos; legumbres y hortalizas, desde los 2 mil pesos hasta los 5 mil pesos.

Si bien no estamos incluyendo algunos rubros igual de prioritarios que los anteriores, es lógico suponer que la canasta alimentaria de una familia compuesta por cuatro bocas supera los 800 mil pesos, sin incluir dentro de los pagos mensuales el pago por seguro médico privado ni las actividades de recreación. En síntesis: mucho más de lo que puede llegar a ganar un bachaquero colombiano revendiendo productos y billetes venezolanos.

Por ende, la “rentabilidad” que prefigura(ba) la actividad del contrabando al llamado cuentapropista de Cúcuta sólo le ha servido para medio pagarle el colegio a los chamos, para conseguir una mínima cobertura de salud privada y para comer tres veces al día. Y aún así, 214 mil personas comen cuando mucho dos veces al día y no tienen ningún acceso a las migajas subsidiadas de la Alcaldía de Cúcuta como tampoco al expendio comercial de los esclavistas de la proveeduría local.

Los peces gordos de aquí y de allá, y detrás de ellos los de arriba, son los que hicieron gigantescas riquezas acompañados por la frescura que comporta un aire acondicionado. Al resto (la inmensa mayoría) sólo le sirvió para esquivar el campo minado de la privatización.

Asumir que los daños ocasionados por el contrabando de extracción son responsabilidad del bachaquero colombiano, es negar abiertamente la responsabilidad de empresarios y comerciantes en la expoliación a gran escala del país. La que dijo “yo vivo de tu bolívar” y el centenar de personas que sacaban productos de la cesta básica venezolana, son simples consecuencias de un modelo que los empujó territorial y económicamente hacia el contrabando de extracción. Y los empujó en condición de esclavos, sin ningún otro beneficio que no sea el de seguir viviendo con la pata empresarial presionando fuertemente sobre el estómago.

Con o sin contrabando de extracción, el proyecto de la ciudad de Cúcuta fue concebido para hambrear a la gente que ya escapaba hambreada de la vorágine de paracos, banqueros y terratenientes.

Punto y final

La población de Cúcuta, a la luz de todos los datos suministrados, mantiene sus coletazos de normalidad económica local a partir del flujo y la reventa ininterrumpida de productos provenientes del contrabando de extracción desde Venezuela. La libre flotación del dólar, la liberación de precios, el TLC y la caída de los precios del petróleo, sumado a un Estado que es simplemente una entelequia, hacen que la vida en Cúcuta (y en Colombia en general) sea extremadamente costosa en todos los ámbitos.

La anatomía bajo la cual fue pensada Cúcuta se reduce a un apéndice funcionando de manera forzada que bombea infinitas necesidades hacia nuestro lado como consencuencia de la imposición de un no-lugar privado como sistema de vida, decorado con plastilina en lo económico. Es allí donde la endeble arteria que otorga sentido a la vida del otro lado de la frontera muestra su falla congénita y los oscuros intereses privados que la estimularon como un tomacorriente imperecedero, el cual echa chispa cuando disminuye la corriente del contrabando.

Juan Manuel Santos y el alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, pueden prometer villas y castillos a la población tratando de convencerla de que sin el 80% de la actividad comercial sostenida sobre la base del contrabando de extracción, todo será lindo y hermoso. Pero todos sabemos, porque se ve con claridad a través de la mediocracia colombiana, que es cuestión de días para que el “exitoso modelo económico colombiano”, supuesta inspiración recomendada para los países “mal administrados” del Alba, siga mostrando con brutalidad su verdadera cara. Y contando.

 

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