Opinión

Autor: Ángel Daniel González

03:45 pm
20
Ene
2016

En el país se debate un decreto de emergencia económica que permitiría al Gobierno tomar acciones especiales para equilibrar las distorsiones que padecemos actualmente en el acceso y circulación de los bienes y servicios, así como afrontar la dura situación que representa la caída del precio del petróleo a casi 20 dólares, rozando lo que dicen es el costo de producción. El texto del decreto en cuestión, que debe ser aprobado a la brevedad por la Asamblea Nacional, dado que si en algo hay un consenso nacional es en el hecho de que existe una emergencia económica, lo que hace es abrirle paso al Ejecutivo Nacional para que pueda actuar ágilmente en procedimientos específicos para activar la economía, la producción y la circulación de bienes en el territorio nacional. En realidad, el mayor aporte del decreto está en la suspensión o dispenso de ciertos trámites y requisitos burocráticos establecidos para la actividad económica. El resto de los lineamientos generales está ya dentro de lo que atribuye al Estado la Constitución Bolivariana.

Por ejemplo, en el artículo 112 dice: “El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país”. Esta última frase faculta al Gobierno para “planificar, racionalizar y regular la economía” sin necesidad de una emergencia. El numeral 8 del decreto de emergencia publicado dice que se plantea: “Requerir a empresas del sector público y privado incrementar sus niveles de producción, así como el abastecimiento de determinados insumos a los centros de producción de alimentos y de bienes esencial para garantizar las satisfacciones de las necesidades básicas de los venezolanos”. Este objetivo es facultad del Estado, materializado en el Poder Ejecutivo, responsable de la administración y de la economía.

Ciertamente es positivo que se considere política y jurídicamente la condición de emergencia económica, para adecuar todas las herramientas a la realidad coyuntural. También es cierto que una situación como la actual requiere el concurso de todas las voluntades nacionales, por eso es bueno que se apele a la aprobación del Poder Legislativo y la participación de los políticos de oposición. Pero además, lo más cierto es que nosotros, la gente, con el día a día a cuestas, esperamos que las primeras medidas se efectúen allí donde el pueblo siente directamente la emergencia: en los abastos, en los mercados, en los precios, en las colas, en los salarios. Empezar desde lo más cercano a la piel, al mismo tiempo que se atacan los asuntos estructurales. Con seguridad el pueblo entenderá y apoyará las acciones para enfrentar la emergencia.

letraordinaria.blogspot.com

 

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