Opinión

Autor: Luisa Ortega Díaz

09:20 am
10
Mar
2015

El pasado viernes, en la sede principal del Ministerio Público, sostuve un encuentro con el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, y los cancilleres de Colombia, Ecuador y Brasil.

Fue una reunión en la que se les explicó que la institucionalidad democrática del país, y la sociedad en general, se han visto afectadas por planes políticos de sectores nacionales e internacionales que atentan contra la estabilidad democrática y la paz.

Ante las inquietudes expresadas por los visitantes, se les aportó información sobre distintos casos que adelanta el Ministerio Público para hacer justicia por los hechos violentos ocurridos durante cinco meses en la tierra de Bolívar.

Se les recordó que estas acciones causaron la muerte a 43 personas, de las cuales 10 eran agentes de seguridad y uno de ellos fiscal del Ministerio Público, quienes cuando cumplían su deber se les vulneró su derecho fundamental a la vida; y además produjeron lesiones a 878 personas y serios daños a la propiedad pública y privada.

La ocasión sirvió para informar de primera mano que por estos hechos hay 41 personas privadas de libertad, de las cuales 14 son funcionarios de cuerpos de seguridad y solo dos estudiantes. Además, se les señaló que en estos casos el Estado venezolano ha actuado con apego a la normativa constitucional y legal. Cada hecho punible ha sido investigado con estricto cumplimiento de las garantías del debido proceso.

Esta visita que realizó la Unasur con el fin de sostener encuentros con las autoridades del Ministerio Público y otras instituciones, contribuye significativamente a dar conocer la posición de respeto de los Ddhh y las libertades democráticas que caracterizan al Estado venezolano.

Y es que en el exterior, intereses ajenos a la estabilidad y la paz del pueblo, se han dado a la tarea de crear una imagen negativa de Venezuela, con la proliferación de denuncias sobre supuestas violaciones a los derechos humanos, que califico de propaganda política, con fines desestabilizadores. Esta preocupación se la expresé a los cancilleres de la Unasur.

En el Ministerio Público estamos siempre abiertos a este tipo de iniciativas, a la que Samper calificó de fructífera, pues “nos ha aclarado el contexto que no teníamos”.

 

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