Opinión

Autor: Luis Britto García

02:26 pm
02
May
2012

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No hay comedia sin guión. Es raro el improvisador genial; el mediocre no pasa del apuntador y el teleprompter. En el sainete que la oposición monta en las cortes internacionales para condenar a Venezuela los guiones están escritos, con todo y trampas. Así, el 25 de septiembre de 2009, violando el artículo 46. a. de la Convención Americana (que le prohíbe conocer de casos que no hayan sido resueltos por los tribunales internos) la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos acoge una denuncia de Allan Brewer Carías. Para excusar esta grosera infracción de su propio estatuto, la Comisión recomienda a Venezuela “1.Adoptar medidas para asegurar la independencia del poder judicial, reformando a fin de fortalecer los procedimientos de nombramiento y remoción de jueces y fiscales, afirmando su estabilidad en el cargo y eliminando la situación de provisionalidad en que se encuentra la gran mayoría de jueces y fiscales, con el objeto de garantizar la protección judicial establecida en la Convención”. O sea, el poder judicial venezolano no sería independiente, y la Comisión y la Corte Interamericana deberían suplantarlo.

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¿Será entonces una casual casualidad que en denuncia ante la Corte Penal Internacional de la Haya el 21 de noviembre de 2011, Diego Arria repita: “En especial, el Poder Judicial está de rodillas ante el Jefe del Estado y del Gobierno tal y como lo certifican reconocidas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos”? Siguiendo el guión mal aprendido, afirma en esa fecha a Roberto Giusti que “Incluso la Sala Penal de la Corte del TSJ ha elaborado legislación (sic) según la cual hasta el tráfico de drogas se considera delito de lesa humanidad”. Diego Arria, abogado y “gente pensante”, debe saber que un Tribunal Supremo de Justicia no elabora “legislación”, sino sentencias. Algún bachiller repitiente de la Facultad de Derecho redacta los alegatos de la oposición; precandidatos y cortes internacionales los repiten sin reflexionar.

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Por eso tampoco suena a mera coincidencia que Eladio Aponte Aponte, juez fugado de Venezuela para evitar ser enjuiciado, repita en abril para la televisora estadounidense SOITV: “El poder judicial da la autonomía que no hay, o sea como un poder independiente. Eso es una falacia”. E interrogado sobre la independencia de los poderes en Venezuela, memoriza: “Yo creo que no hay tanta independencia”. Sus declaraciones vienen como anillo al dedo para organismos internacionales que sostienen que nuestros tribunales no son autónomos y ellos deben redactarles las sentencias.

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Una declaración vale tanto como el testigo que la formula, y Aponte Aponte vale menos que nada. Juez, huye del país “para despejarme”, o sea, para no ser juzgado. Reconoce que expidió al narcotraficante Walid Makled un carnet de fiscal militar. Admite que como presidente de la Sala Penal del TSJ manipulaba decisiones “…si había dinero por ese lado. Lo que pasa es que a mí me pedían los favores y yo los ejecutaba”. Preguntado si apoyó la remoción de jueces que no consentían en ello, contesta: “Sí lo apoyé”. Interrogado si favoreció al narcotráfico, confiesa “Solamente en un caso que me acuerdo ahorita”. Afirma que el director de la Oficina Nacional Antidroga apoya el tráfico, pero la evidencia “Ahorita no la tengo”. Y amenaza que escribirá “mis memorias”.

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Son confesiones que acarrearían larga condena en un juzgado venezolano. En un tribunal estadounidense o internacional, donde los testimonios se compran como acciones bursátiles, serán premiadas con inmunidad, impunidad y no extradición ¿Qué hacemos sometidos a Cortes a las cuales no se somete Estados Unidos, y que sólo legitiman acciones imperiales? ¿Y qué hacemos confiriendo poder sistemáticamente a apátridas, delincuentes y tránsfugas, sin ideología, obra ni trayectoria? La culpa no la tiene el juez, sino quien le da el garrote.

 

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