Opinión

08
Ago
2012

No hay mayor cinismo que el de aquellos que reclaman para sí, lo que nunca han dado…

En venenoso artículo de opinión y haciendo uso de la plena libertad de expresión existente en Venezuela, un solapado y oscuro personaje de la llamada IV República siembra dudas sobre el comportamiento que asumiría el chavismo si el resultado electoral del 07 de octubre le fuese adverso.

Se trata de Guillermo Álvarez Bajares, exgobernador del estado Anzoátegui durante mandato de Luis Herrera Campins, quien entre muchas sandeces afirma que gente del partido oficial, sin excluir al Presidente, o peor, encabezada por el Presidente, siembra dudas sobre el respeto que en el electorado chavista merecería la previsible victoria de Henrique Capriles. Y Álvarez Bajares va mucho más allá cuando deja entrever que el Gobierno daría un palo a la lámpara, con caída y mesa limpia, para mandar otros seis años más.

Pues bien, ejerce el derecho de libertad que le brinda este réeegimen dictatorial que también le otorga derecho de libertad de silenciar sus andanzas por administraciones pasadas, es decir, como en el juego de dominó, “pasar agachado”.

Y es que Guillermo Álvarez Bajares tiene su rabo de paja, su trompo enrollado, hábilmente oculto bajo la creencia de pérdida progresiva de memoria de los venezolanos, es decir del mal de Alzheimer. Ignora que su nombre, mejor dicho, el tránsito por la Gobernación de Anzoátegui, está reseñado en el volumen 2 del DICCIONARIO DE LA CORRUPCION EN VENEZUELA, publicado por el Consorcio de Ediciones Capriles C.A.

En sus páginas podemos leer que la Contraloría General de la República, en marzo de 1986 denuncia graves irregularidades administrativas en la gobernación de Anzoátegui e inicia, conjuntamente con la Fiscalía General y el Tribunal Superior de salvaguarda, una investigación.

La denuncia habla de sobregiro de la cuenta bancaria de la Gobernación con el Banco Industrial de Venezuela; pagos mediante emisión de “vales de caja” sin aprobación de la Contraloría Estatal ; pagos de valuaciones sin haber sido ejecutadas las obras y pagos por contrataciones no sometidas a consideración de la Gobernación. En su descargo reseñamos que la investigación se extendió a otros exgobernadores de Anzoátegui entre ellos; Diego Peñalver y Antonio José La Riva Araujo. Igualmente a funcionarios como Alberto Antonio Riera Aranguren y José Alejandro Rodulfo Bauza, quienes ejercían funciones de gobierno durante la administración de Álvarez Bajares.

La magnitud de quiquiriguiqui o camunina estuvo por el orden de Bs. 100.000.000 (vales) y Bs. 18.789.736 (sobregiro), un verdadero “palo a la lámpara”.

Ese mismo año la Contraloría General de la República ratifica la declaración de responsabilidad administrativa del hecho, pero en virtud de que para ese momento el exgobernador era miembro de la Cámara de Senadores de la República, el organismo contralor introduce su notificación ante ese cuerpo.

A finales de 1986 Guillermo Álvarez Bajares presenta un escrito de descargo y pide su absolución. Sin embargo, en la Gaceta Oficial No 3.807, la Contraloría General de la República ratifica su fallo y añade que: “por cuanto en ese caso pueden estar implícitas acciones civiles o penales, se emite el original a la Fiscalía General de la República a fin de que determine la procedencia del enjuiciamiento”. A través de la referida Gaceta Oficial se pudo conocer que al exgobernador se le imputaba también el uso indebido de recursos asignados para ayudas durante una emergencia ocurrida en esa entidad a raíz de inundaciones en Barcelona, Puerto La cruz y zonas agrícolas.

Necesario aclarar que la Dirección de Control de Responsabilidad de Funcionarios y Empleados declaró responsabilidad en lo administrativo, no sólo al gobernador Álvarez Bajares, sino también a otros gobernadores y funcionarios. El 24 de noviembre de 1987 el Tribunal Superior de Salvaguarda recibió el expediente, numerado 87.316, por “presuntas irregularidades ocurridas en la Gobernación del Estado Anzoátegui”. Hasta la presentación del informe en 1989 de la Fiscalía General de la República, a inicios de 1990, el caso se encontraba en etapa sumarial, durmiendo junto a Morfeo.

Sergio Fernández A.

Ex-CNP-555

 

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