Opinión

Autor: Beltrán Haddad

11:08 am
23
Nov
2015

Toda persona tiene acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses y el Estado le garantizará una justicia gratuita. Eso lo dice la Constitución en su artículo 26. Pero en la práctica las cosas no son como las predica el texto constitucional. Por ello surge la pregunta: ¿a quién recurre el pobre o la persona que no posee recursos económicos en su derecho de acceso a la justicia, para costear la publicación en la prensa de un edicto emanado de un tribunal o un cartel de citación? Los jueces no tienen respuesta y otros se “lavan las manos”.

En estos días me escribió una persona un pequeño mensaje con la pregunta anterior. Me dice que no tiene dinero para pagar la publicación de un edicto con motivo de un juicio por prescripción adquisitiva. El valor de esa publicación es 168.000 bolívares y él solo cuenta con la pensión del Seguro Social. Como esa, he visto cosas que reflejan una realidad contraria a lo que manda la Constitución. Eso significa que la justicia aún no es gratuita porque sigue padeciendo los mismos vicios que impiden darles solución a los conflictos de la gente. Por ello no es extraño oír decir a un juez: “Dele dinero al alguacil para que le saque las copias, el tribunal no puede cubrir eso”. Siempre ha sido así, porque la única manera de obtener una copia, o de que citen al demandado, o te publiquen el edicto o el cartel, es pagando, y no es posible que sigamos pagando viendo la justicia “gratuita”.

La justicia gratuita debe ser entendida como un derecho extensivo a todos los habitantes del país, sin restricciones. Lo dice la Constitución y así lo dijo Chávez. La gratuidad es de aplicación general a todo tipo de procesos judiciales y los costes deben correr por cuenta del Estado. Lo otro es aceptar que el derecho a la justicia gratuita sea interpretado como una discrecionalidad de los operadores de justicia. Eso es grave y lo correcto es crear ya, por ley, una institución de asistencia jurídica gratuita que haga efectivo ese derecho. Mientras tanto, los que estén en situación de pobreza para litigar y defender sus derechos e intereses deben acudir al Defensor del Pueblo, pero no se puede permitir que el derecho a la justicia gratuita sea limitado o cercenado en su concesión.

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