Opinión

Autor: Ángel González

04:21 pm
18
Mar
2015

Dijo el presidente Maduro: “Obama ha decidido pasar personalmente a cumplir la tarea de derrocar mi gobierno y de intervenir a Venezuela”. Esta denuncia, formulada el mismo día que la Casa Blanca firmó una orden ejecutiva que declara que “la situación en Venezuela representa una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos”, describe con exactitud el panorama político actual que se platea a nuestro país. El imperio pasó de la estrategia injerencista, a través del respaldo, financiamiento y promoción de los grupos opositores venezolanos, a la estrategia intervencionista, a la operación franca y directa de la institucionalidad de Washington sobre el gobierno de Venezuela.

Las estrategias clásicas del imperio para deshacerse de gobiernos que le estorban o se le oponen a su voluntad de control total han sido todas puestas en práctica contra Venezuela. El golpe de Estado mediante la penetración de los componentes militares, el ahogo económico por el ataque y colapso de las principales fuentes de ingreso de recursos, la movilización callejera para generar desestabilización política y colapso de la gobernabilidad, la provocación de conflictos internacionales con naciones vecinas que coloquen al país al margen del concierto internacional y debilite al gobierno, la generación de conflictos financieros que llevaran a un bloqueo de las fuentes de financiamiento y la consecuente crisis interna. Todas fueron ejecutadas durante el gobierno del Comandante Chávez. Y Venezuela resistió todas las embestidas. A la muerte del líder de la Revolución, contada esta como factor en el tablero de juego, la estrategia planteaba una descomposición de las fuerzas políticas aunada a la provocación de una crisis socioeconómica por el desabastecimiento de productos básicos y la producción del ansiado escenario de ingobernabilidad. Una vez más, el gobierno de Venezuela, con Nicolás Maduro al frente, ha soportado el ataque.

Los fracasos continuos han obligado al sistema a colocar a Venezuela en otro nivel de juego dentro del escenario geopolítico, en el que se dan eventos como los que vivimos en los días actuales. Estamos en un eje de acción geopolítica que compartimos con casos como Rusia e Irán, por lo que las acciones sobre nuestro país forman parte de un movimiento que trasciende nuestra particularidad. La operación agresiva de Washington en el campo petrolero, con el descomunal incremento y bestial aceleramiento de su participación en el mercado petrolero mundial, llegando a producir y colocar en el mercado más de diez millones de barriles de crudo al día para provocar una caída estrepitosa del precio petrolero, tiene como principales objetivos las economías rusa, iraní y venezolana.

La lógica imperial, que es el modo de accionar oficial del gobierno de Estados Unidos, implica que su campo de operaciones como gobierno no se limita a su territorio.

Esta caracterización abre el espacio para que se den eventos como los que vivimos en los días actuales. La declaración de Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos debe ser entendida como trámite natural para operar de acuerdo a nuestra posición en el tablero de juego geopolítico del imperio. Como nuestro país ya no está en la categoría inferior de “molestias” o “incomodidades”, debe ser declarado formalmente como corresponde al nivel que ocupa en el panorama de seguridad: somos entendidos como una “amenaza”. Este trámite es el suiche que permite al gobierno de la Casa Blanca establecer un conjunto de acciones consecutivas para lograr el objetivo de desaparecer del mapa dicha amenaza.

Al ser considerado una amenaza, el gobierno de Estados Unidos puede establecer sanciones a ese país. Comienza con sancionar a funcionarios, luego al gobierno en sí mismo, mediante sanciones económicas, que ellos llaman “presiones” para que el objetivo “rectifique” su conducta, las cuales son bloqueos económicos y financieros. Luego vienen las sanciones políticas, el bloqueo diplomático para aislar al individuo y someterlo. En última instancia está la intervención bélica, que se activa aduciendo razones que pueden ser directamente de guerra, o razones de “prevención” y “protección de intereses” sociales y económicos, así como razones “humanitarias”, esgrimiendo el rol del imperio de “ayudar” a las naciones que presentan una emergencia.

La lógica imperial, que es el modo de accionar oficial del gobierno de Estados Unidos, implica que su campo de operaciones como gobierno no se limita a su territorio. Ejemplos de ello no faltan y son históricamente conocidos. Washington se arroga el derecho de opinar, regular, legislar, sancionar e intervenir policialmente en cualquier parte del mundo, como si se tratase de un asunto interno a sus fronteras. La doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos no reconoce fronteras territoriales, le ordena operar de acuerdo a sus intereses en todas las áreas teniendo como jurisdicción el planeta entero.

Ahora, ¿cuáles son los escenarios que justificarían estas acciones? El propio documento firmado el lunes 9 de marzo por Barack Obama enumera los ítems considerados como razones para tomar medidas respecto a Venezuela. El gobierno de Estados unidos “encuentra” que la situación de Venezuela es la siguiente:

– erosión de las garantías de derechos humanos

– persecución de opositores políticos

– restricciones a la libertad de prensa

– violencia y abusos a los derechos humanos para responder a protestas antigubernamentales

– arrestos arbitrarios y detención de manifestantes antigubernamentales

– corrupción pública significativa

Un reportaje de la BBC dice que “altos funcionarios del gobierno de Estado Unidos” en declaraciones a esa cadena de noticias afirma que: “Este gobierno ha identificado como una prioridad el hecho de estar comprometido con el apoyo a los derechos humanos y los procesos democráticos” y que “Estados Unidos piensa que socavar esto genera una amenaza a la seguridad nacional”. Es decir, Washington identifica que en Venezuela están en peligro los derechos humanos, las libertades democráticas y el sistema democrático en cuanto tal. Por lo tanto, Estados Unidos debe hacer algo al respecto.

Otra arista de este mismo ítem, es explicada también por el reportaje de la BBC:

“Más concretamente, una fuente del Departamento del Tesoro explicó a BBC Mundo que los sancionados son considerados una ‘amenaza’ a la salud del sistema financiero estadounidense, y en esa misma medida se convierten en un problema para la seguridad nacional, como declara el comunicado de la Casa Blanca.

La lógica imperial, que es el modo de accionar oficial del gobierno de Estados Unidos, implica que su campo de operaciones como gobierno no se limita a su territorio. Ejemplos de ello no faltan y son históricamente conocidos. En particular, Estados Unidos considera que se protege de Venezuela al impedir que los funcionarios sancionados puedan ingresar al país o realicen ciertas transacciones”.

Aquí está claramente la exposición de cómo se configura la imagen de “amenaza” para los Estados Unidos, lo que justifica una acción a alto nivel en ese sentido. El mismo reportaje dice:

“Esta orden ejecutiva ‘ayudará a proteger el sistema financiero de Estados Unidos de los flujos financieros ilícitos de la corrupción pública en Venezuela’, dijo otro miembro del gobierno en Washington”.

Para Estados Unidos, su sistema financiero representa uno de los elementos más sagrados para el funcionamiento de su modo de vida y el mantenimiento de su hegemonía de poder, que garantiza su condición vital a nivel global. Esto, en el discurso, funciona para justificar acciones concretas para asegurar los escenarios convenientes a los intereses de ese país.

Hay que prestarle atención delicada a las denuncias formuladas por el presidente Nicolás Maduro y la canciller Delcy Rodríguez de que Estados Unidos prepara una batería de sanciones a Venezuela que incluyen un “bloqueo económico y financiero”.

En este mismo sentido, las agencias de noticias difunden que el martes 10 de marzo, otra instancia del complejo institucional ejecutivo de Washington, el Departamento del Tesoro a través de la “Red de Lucha contra las Crímenes Financieros (FinCen)”, emitió una comunicación en la que nombra a la Banca Privada d’ Andorra como una “institución financiera extranjera de principal preocupación en cuento al lavado de dinero”. Y en esa declaración detallan que tal nombramiento responde a que esa entidad financiera está involucrada en el lavado de dinero de “organizaciones criminales” rusas, chinas y venezolanas. Y, específicamente, se acusa ejecutivos de la Banca Privada d’ Andorra de aceptar “comisiones desorbitadas” para procesar transacciones relacionadas con intermediarios venezolanos, que incluían la creación de empresas pantalla y complejos procesos financieros para canalizar fondos desde la petrolera estatal PDVSA “de cerca de 2 mil millones de dólares”.

Y la propia directora de la FinCen, Jennifer Shasky Calvery, explica que: “Los altos cargos corruptos de BPA y los débiles controles contra el lavado de dinero han convertido a la entidad en un vehículo fácil para encaminar fondos procedentes del crimen organizado, la corrupción y el tráfico de personas a través del sistema financiero de EEUU”.

Es decir, se abra un expediente que involucra casos de corrupción pública en Venezuela, que llevan al lavado de dinero y su introducción, precisamente, en el “sistema financiero de Estados Unidos”. Esto constituiría argumentos concretos para que el gobierno estadounidense tome medidas conducentes a protegerse de “amenazas”.

Es por esto que hay que prestarle atención delicada a las denuncias formuladas por el presidente Nicolás Maduro y la canciller Delcy Rodríguez de que Estados Unidos prepara una batería de sanciones a Venezuela que incluyen un “bloqueo económico y financiero”. Las posibilidades de que eso suceda son reales y están planteadas. A tan solo un día de tal anuncio del Departamento del Tesoro, los gobiernos de España y Panamá bloquearon e intervinieron las filiales de la Banca Privada d’ Andorra en sus respectivos países. La respuesta del sistema internacional a las “decisiones ejecutivas” de Washington son inmediatas y efectivas.

Incluso, y como guinda a este elemento de análisis, uno de los voceros políticos de la oposición venezolana, Henrique Capriles, quien ha sido un elemento públicamente apoyado por el gobierno de Estados Unidos, y ha fracasado en su rol de enfrentar políticamente al gobierno de Venezuela, escribió en su cuenta de Twitter el miércoles 11 de marzo lo siguiente: “Acá no viene ninguna invasión. Son unos corruptos que les quieren quitar los dólares que se robaron y pretenden hacernos creer que es contra Venezuela”. Capriles deja claramente dicho cuál es la ruta que él cree es adonde conducen las acciones de Estados Unidos respecto a Venezuela. Evidentemente posee la información y el conocimiento de causa necesarios para hacer esa afirmación. Más claro no canta un gallo, como dicen.

Por otro lado, el jueves 12 de marzo el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo en una conferencia sobre energía que “si Petrocaribe llegara a caer debido a los acontecimientos en Venezuela, podríamos acabar con una grave crisis humanitaria en nuestra región”. Esta frase del jefe de la diplomacia imperial contiene elementos muy significativos y hay que analizarla con detenimiento. Primero, Kerry lanza a la opinión pública la posibilidad de que Petrocaribe pueda “caer”. ¿Por qué Petrocaribe pudiera caer? la respuesta debería estar, siguiendo las declaraciones del mismo Kerry unas semanas atrás, en la eventual imposibilidad de Venezuela de seguir vendiendo petróleo al Caribe a precios preferenciales debido a la caída de los precios del crudo. La otra opción está esbozada en la propia declaración de Kerry, cuando dice que tal caída sería “debido a los acontecimientos en Venezuela”. ¿De cuáles acontecimientos habla Kerry? Pudiera ser que se esté adelantando a una posible caída del gobierno de Maduro, o a alguna crisis que imposibilite, otra vez, a Venezuela a cumplir con los acuerdos de la organización caribeña.

Es por esto que hay que prestarle atención delicada a las denuncias formuladas por el presidente Nicolás Maduro y la canciller Delcy Rodríguez de que Estados Unidos prepara una batería de sanciones a Venezuela que incluyen un “bloqueo económico y financiero”. A este pronóstico de “crisis humanitaria” se suma la declaración del jefe del Comando Sur, es decir, el jefe militar estadounidense dedicado a la región estratégica Sur, en la que está ubicada Venezuela, el general John Kelly, quien el mismo 12 de marzo repitió el mismo escenario en una declaración ante el Congreso gringo, hablando de que Venezuela “está a punto de colapsar” y agregando que ese “desplome a nivel regional” podría resultar en un “incremento del riesgo de mayor migración” hacia Estados Unidos. Una vez más, se habla de riesgos concretos que impactarían a la propia nación estadounidense. Además de acuñar el escenario de “crisis humanitaria”, discurso que se repite en voceros nacionales e internacionales en referencia a la situación de desabastecimiento de alimentos en Venezuela. Las “crisis humanitarias” están dentro del complejo de factores que dentro de la lógica imperial justifican la intervención internacional. En este caso, los Estados Unidos pudieran incluso invocar normativas de las Naciones Unidas para atender situaciones de “crisis”.

Kelly, además, dijo en esa misma intervención que EEUU está preocupado por la “posibilidad” de que se formen células del Estado Islámico en la región del Caribe, específicamente, en Trinidad y Tobago, Surinam, Jamaica y Venezuela. Hay que recordar que el gobierno de la Casa Blanca acaba de solicitar a su Congreso autorización para atacar militarmente al Estado Islámico “donde sea que se encuentre y opere”. Es decir, estas “posibilidades” colocan a nuestro territorio en la mira de la movilización militar gringa en su cruzada contra la amenaza terrorista actualmente de moda.

Un detalle de esta intervención del jefe del Comando Sur de Estados Unidos es que menciona, como dato marginal, que la situación en Venezuela “es triste, porque se trata de un país que está sobre las reservas de petróleo más grandes del mundo”. Es la primera vez que un vocero de Washington afirma y reconoce que Venezuela tiene las mayores reservas energéticas del planeta. Y su comentario deja clara cuáles son las verdaderas preocupaciones e intenciones de Estados Unidos respecto a nosotros. No hay que olvidar nunca lo que el Comandante Chávez repetía hasta el cansancio: por más diversas que sean las razones que argumente el imperio para meterse en los asuntos de Venezuela e intervenir directamente para derrocar al Gobierno Bolivariano, siempre la verdadera razón será su interés en apoderarse y controlare los recursos naturales y económicos de nuestro país, específicamente el petróleo.

La asociación de estos elementos constituye un análisis necesario para entender la situación política que afronta Venezuela en estos momentos. Debe servir para comprender que las preocupaciones y denuncias del Gobierno Bolivariano de Venezuela tienen asidero real y concreto. Y es necesario que estas informaciones se difundan y se discutan para prepararnos ante las posibilidades y amenazas que se nos abren como nación, como sociedad y como proyecto político emancipador, las cuales incluyen escenarios difíciles, como lo han alertado voceros de nuestro gobierno, que van desde un bloqueo económico hasta una intervención militar en Venezuela.

 

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