“En las miradas de mi pueblo brilla la paz, brilla la paz

en las miradas de mi pueblo brilla la paz, brilla la paz

la paz con justicia, la paz con amor

no la de mentiras del explotador

en las miradas de mi pueblo brilla la paz, brilla la paz

paz con dignidad, paz con libertad

paz como es la paz con felicidad

en las miradas de mi pueblo brilla la paz, brilla la paz

la paz verdadera la de la igualdad

la única que puede hermanar la humanidad…” (Julián Conrado)

Una vez que el gobierno colombiano y las FARC-EP han decidido llevar adelante conversaciones para posibilitar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto social y militar, es necesario hacer algunas reflexiones.

Lo primero que hay que señalar es que no se puede entender lo que sucede en Colombia, si no se comprenden las causas sociales que dieron inicio al conflicto, las mismas que tienen su origen hace ya más de un siglo atrás.

El problema de la tierra es fundamental para entender lo que sucede en el país. En Colombia existe una alta concentración de la tierra en pocas manos. Renán Vega Cantor dice que:

en el país hay 114 millones de hectáreas, de las cuales 51.3 millones se consideran como superficie agropecuaria, de cuyo total 36 millones están dedicados a la ganadería extensiva, expresión tradicional del poder de ganaderos, terratenientes y narcotraficantes; 10 millones de hectáreas son aptas para la agricultura, y de ellas la mitad se dedica a actividades agroindustriales y en el resto, laderas y zonas bajas tropicales, subsisten millones de campesinos y colonos, de los cuales sólo tiene título de propiedad el 15 por ciento; un 0,43% de los propietarios (grandes latifundistas) es dueño del 62,91% del Área Predial Rural, al tiempo que el 57.87% de los propietarios (minifundistas y pequeños propietarios), tiene un ridículo 1.66% de la tierra.

En Colombia 12 mil terratenientes son propietarios de 22 millones de hectáreas de las 51.3 millones que componen las tierras aptas para el cultivo, mientras 3 millones de campesinos pobres poseen apenas 2 y medio millones de hectáreas. En promedio cada terrateniente en Colombia posee 1850 ha, mientras los campesinos pobres poseen 1,2 ha.

El despojo de los campesinos de sus tierras, ha sido posible por la aplicación de la violencia brutal ejercida por el Estado colombiano al servicio de la oligarquía santanderista, a través de sus fuerzas militares y paramilitares.

José Antonio Gutiérrez D. manifiesta que:

Está bien documentada la relación que han establecido varias empresas con las bandas ultraderechistas formadas como parte de la estrategia contrainsurgente del Estado colombiano. Empresas multinacionales como la Chiquita Brands en la región bananera del Urabá, han utilizado al paramilitarismo desde hace décadas como un mecanismo tanto para “despejar terreno” (desplazar comunidades para acceder a sus tierras o recursos) como para amedrentar a sus trabajadores –y deshacerse de los “elementos” molestos (sindicalistas) si es necesario.

José Gutiérrez expresa además que:

No hay que ser un genio para darse cuenta la relación que existe entre los 5.200.000 de desplazados colombianos (280.000 solamente en el 2010) y la creciente concentración de tierras así como la creciente penetración de agronegocios como la palma africana, el caucho o megaproyectos extractivos, uno de los pilares económicos del gobierno de Santos. Se estima que el paramilitarismo, en cosa de poco más de dos décadas, ha robado más de 6,5 millones de hectáreas, las cuales hoy se encuentran en manos de latifundistas, multinacionales realizando megaproyectos, y de la agroindustria.

La pobreza es otro de los graves problemas a los que se enfrenta el pueblo colombiano y que está relacionada directamente con el problema agrario.

Según cifras oficiales en Colombia existen 8 millones de personas indigentes y 20 millones de pobres de un total de 46.608.585 habitantes en la actualidad.

Colombia es el cuarto país del mundo en desigualdad, con un índice Gini de 0,58%.

En Colombia los ricos se han enriquecido en base a la explotación de la mayoría de la población pobre del país, siendo así que “el 10 por ciento más rico de la población se queda con la mitad del PIB mientras al 10 por ciento más pobre apenas le caen de la mesa las migas del 0,6 por ciento del PIB.”

Para paliar el hambre, en muchos barrios de Bogotá la gente pobre toma sopa de periódico.

En Colombia se considera pobre a un hogar integrado por cuatro personas, con ingresos mensuales inferiores a 1,1 millones de pesos e indigente a aquel hogar con cuatro personas con ingresos que no alcanzan los 450.000 pesos mensuales. El costo mínimo de la canasta básica para las y los colombianos es de 950.000 pesos mensuales.

En el caso de los pueblos indígenas y de los afrocolombianos la situación es todavía más grave.

Más de la mitad de los cerca de 1,37 millones de los indígenas de Colombia está en la pobreza estructural y la mayoría de niños y niñas de esta minoría étnica sufre desnutrición crónica, según un estudio divulgado en Bogotá por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Los aborígenes del país bajo la línea de pobreza representan el 63 por ciento del total de su población y, de estos, el 47,6 por ciento está por debajo de la línea de la miseria, advirtió la coordinadora general de la investigación, Tania Guzmán.

En el artículo: “Colombia sin avances equitativos en reducción de pobreza y hambre: ONU” publicado en  la versión digital de la revista Semana, el 21 de noviembre de 2011, se exponen datos en relación a la situación de los afrocolombianos, presentados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su informe “Los Afrocolombianos frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio”: En los municipios con población afro superior al 30 por ciento se dobla la concentración de pobres: 43,1 por ciento frente a 27,8 por ciento de promedio nacional. En el departamento de Chocó la pobreza es de 70,5 por ciento frente a 45,5 por ciento a nivel nacional.

Las políticas neoliberales aplicadas en Colombia en las dos últimas décadas han conducido a un empobrecimiento mayor de la población, mientras la acumulación por desposesión en beneficio de la oligarquía Colombia y las multinacionales imperialistas se ha incrementado.

El pensador marxista David Harvey es el fundador del concepto de acumulación por desposesión a través del cual “pretende acertadamente mostrar la vigencia del concepto marxista de acumulación primitiva u originaria (acumulación basada en la depredación, el fraude y la violencia), pero actualizándolo.” La acumulación por desposesión no es otra cosa que el “enriquecimiento capitalista a través de la explotación y privatización de todos los recursos naturales, servicios básicos y derechos sociales.”

Los gobernantes colombianos han mentido y engañado al pueblo a quien han ofrecido la paz, la prosperidad, el bienestar y la justicia social. Lo único que han hecho a lo largo de sus mandatos ha sido sumir en la pobreza al pueblo, posibilitar el enriquecimiento cada vez mayor de los grupos oligárquicos y las transnacionales y reprimir brutalmente a todas y todos quienes se han rebelado legítimamente contra este orden social injusto.

La pobreza rural es extremadamente crítica.  El 62.1% de los hogares rurales está por debajo de la pobreza, de una población de 11.838.032 personas. En Colombia, uno de cada dos habitantes del sector rural es pobre. El 40% de los hogares rurales no cuenta con agua potable, mientras el 15% no tiene acceso a la electricidad.

En Colombia 5.000 niños mueren por desnutrición anualmente -20.000 por desnutrición y enfermedades asociadas*-.

La salud ha sido también afectada por las medidas de los gobiernos de turno en Colombia.

Renán Vega Cantor dice que “en los 8 años del gobierno de Uribe (…) se cerraron 800 hospitales públicos en las grandes ciudades. En cualquier pueblo alejado, el hospital fue convertido en una Empresa Privada de Salud (EPS), simplemente en un negocio privado de la salud en donde la gente cotiza y se le brinda salud de acuerdo a lo que paga.”

Las causas económicas y sociales que han sido expuestas son las que dieron origen al conflicto colombiano. Estas no han desaparecido, sino que, por el contrario, se han agudizado.

No son, por tanto, las FARC-EP las responsables del conflicto militar y de la violencia en Colombia:

Los verdaderos responsables de toda la infamia padecida por Colombia son los propietarios del capital y de la tierra, que siglo tras siglo reservan a los de su linaje el derecho exclusivo a ampliar aún más sus fortunas y gobernar el país, a costa del trabajo y el sudor de la inmensa mayoría de compatriotas desposeídos y violentados por soñar con cambiar el orden de cosas heredado. Mediante una fachada de democracia formal, mal esconden el verdadero carácter del régimen político impuesto. Ellos implementaron en nuestro país la práctica del terrorismo para defender a sangre y fuego sus privilegios. Pero llaman terroristas a quienes buscan justicia.

La insurgencia revolucionaria surgió como respuesta a la violencia social y militar desatada por la oligarquía colombiana y el imperialismo. Las guerrillas, constituidas por hombres y mujeres del pueblo, se organizaron para luchar contra estas injusticias.

La solución política al conflicto colombiano tiene entonces que pasar, necesariamente, por la búsqueda de acuerdos concretos que pongan fin a los problemas económicos y sociales que vive el pueblo colombiano. Las respuestas a esos problemas implican afectar el régimen de propiedad privada en Colombia, es decir los intereses de la oligarquía colombiana, así como de las grandes empresas multinacionales.

Las FARC-EP, enfrentadas al Estado burgués colombiano y al imperialismo, jamás han dejado de luchar por lograr la paz para Colombia. Varias han sido las ocasiones en las cuales han demostrado la voluntad política de encontrar una salida negociada al conflicto colombiano. Los Comandantes de las FARC-EP, Jacobo Arenas y Alfonso Cano, fueron los máximos exponentes de la necesidad de encontrar una solución dialogada al conflicto colombiano.

Han sido la oligarquía santanderista, los sectores guerreristas del ejército colombiano y el imperialismo quienes no han querido llegar a acuerdos concretos, puesto que sus verdaderas intenciones han sido la que la insurgencia entregue las armas, se desmovilice, se integre al sistema institucional burgués, sin solucionar los problemas del pueblo colombiano, o simplemente doblegar política y militarmente a quienes, frente a la violencia estatal, se levantaron para oponerse a la explotación social, a la injusticia y a la opresión:

LAS FARC-EP NO INICIAMOS ESTA GUERRA, nos fue declarada por la oligarquía que gobierna a Colombia. Cada vez que el eco de nuestra propuesta de una salida política ha tomado suficiente fuerza para imponer unos diálogos encaminados a la paz, el poder se ha negado a considerar la remoción de las causas que dan lugar al conflicto, cerrando de un portazo violento las posibilidades de reconciliación. El país no olvida que tras cada proceso frustrado ha sobrevenido la promesa de aniquilarnos y la agudización de la guerra a extremos inéditos. Las FARC persistimos porque un inmenso clamor popular de justicia alimenta y acompaña nuestro sacrificio.

Virgilio Barco, presidente de Colombia en el período 1986-1990 promulgó una iniciativa de paz

inspirada en el principio de “mano tendida y pulso firme”. Según ella, la reconciliación plena sólo sería posible cuando se lograra la disolución de los grupos armados, su desarme y reincorporación a la sociedad dentro de un contexto de garantías efectivas y específicas. “Compromisos precisos dentro de plazos definidos” exigía. Jacobo Arenas redactó para la historia la respuesta insurgente: “Querer ahora resolver los problemas de la más honda crisis de toda la estructura y superestructura tradicional del país, con un plan de paz que es… ‘un ultimátum militar envuelto en amena retórica’, es la vieja equivocación de los gobiernos oligárquicos de este hemisferio”.

Fue bajo la administración de Virgilio Barco que se desató la persecución y el asesinato por parte de las fuerzas represivas del Estado colombiano y sus aliados paramilitares, de todas y todos quienes consideraron honestamente que se podía alcanzar una solución política del conflicto. Miles de dirigentes campesinos, mujeres trabajadoras, luchadores sociales fueron asesinados a través de un plan orquestado por los detentadores del poder para impedir que las fuerzas revolucionarias, progresistas, de izquierda se expresen políticamente y, con el apoyo del pueblo, logren derrotar a las fuerzas de la reacción en los procesos electorales. El “Baile Rojo” fue el nombre del plan que se ejecutó para exterminar a quienes militaban o simpatizaban con la Unión Patriótica, organización de izquierda que surgió como resultado de las conversaciones de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986).

Esa ha sido la respuesta del capitalismo gansteril a la búsqueda de la paz.

El 9 de diciembre de 1990 el presidente César Gaviria Trujillo ordenó el ataque a “Casa Verde”, con lo cual una vez más la oligarquía colombiana, a través de su representante de turno en el Palacio de Nariño, demostró su voluntad de no continuar alcanzar la paz por la vía del diálogo democrático.  El “Acuerdo de Cese al Fuego” firmado entre las FARC y el gobierno colombiano de Belisario Betancur en la Uribe, llegó a su fin con la Operación Colombia, cuyo propósito criminal era el de acabar con Estado Mayor Central y el Secretariado de las FARC-EP.

Igual de traicionero fue el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), cuando el 20 de febrero de 2002 ordenó lanzar un ataque demoledor contra la zona de despeje en San Vicente del Caguán. “El gobierno de Andrés Pastrana decidió cerrar las puertas del diálogo y apostar por la guerra total contra nosotros. Fuimos acusados de todas las perversidades del mundo. Hordas inmensas de soldados mercenarios entrenados por asesores gringos fueron enviadas a aplastarnos. Helicópteros artillados y aviones de todos los tipos partieron con el fin de reducirnos a cenizas.”

Servil frente a los dictados de Washington, Pastrana ponía así en ejecución el criminal Plan Colombia, mediante la operación Thanatos.

El narcopresidente Álvaro Uribe Vélez jamás dio muestras de alcanzar la paz por la solución política. Al contrario, a través de su la llamada “Seguridad Democrática”, endureció la política militarista del régimen y la represión contra el pueblo. El Plan Patriota constituyó la continuación del Plan Colombia.

Mientras los guerristas del Pentágono y de la oligarquía santaderista colombiana se han cerrado a la posibilidad de una paz que beneficie a las mayorías pobres de Colombia, pretendiendo únicamente que la insurgencia se desmovilice y entregue las armas, las FARC-EP han sido honestas en su intención de lograr acuerdos concretos para alcanzar la paz con dignidad, con libertad y con justicia social, pero sin claudicar en absoluto en sus principios revolucionarios.

“Desmovilizarse es sinónimo de inercia, es entrega cobarde, es rendición y traición a la causa popular y al ideario revolucionario que cultivamos y luchamos por las transformaciones sociales, es una indignidad que lleva implícito un mensaje de desesperanza al pueblo que confía en nuestro compromiso y propuesta bolivariana”, han señalado con contundencia las FARC-EP.

Como una organización bolivariana, marxista-leninista las FARC-EP están conscientes de que los cambios no van a darse únicamente por la vía parlamentaria. También tienen claro que la paz no significa ir a ocupar puestos en las instituciones de ese Estado burgués. Saben perfectamente que la lucha en esas instancias no es, como decía Rosa Luxemburgo, más que la tendencia a llevar la violencia de los oprimidos al poder. Violencia necesaria que se da como respuesta para detener el arrebato de la oligarquía para imponer, en situaciones de aparente normalidad bajo el régimen capitalista de “democracia” formal, medidas contrarias a la clase trabajadora y al pueblo en general.

Las FARC-EP tienen claro, además, que la lucha no tiene únicamente como objetivo la “democratización” del capitalismo colombiano, sino su destrucción. Porque la oligarquía y el imperialismo pueden ceder momentáneamente en algo, pero jamás estará dispuesta a renunciar al poder que se sostiene en la propiedad privada burguesa:

Las FARC-EP, a los 48 años de lucha armada rebelde, reiteramos al pueblo de Colombia nuestro juramento de vencer. Jamás nos sumaremos a la campaña por legitimar y honrar el capitalismo y el terror de Estado que se hacen llamar democracia en nuestro país.  Sabemos que no estamos solos, hasta nosotros llega el rumor de inmensas masas humanas que avanzan inconformes y decididas, por encima de las amenazas y la represión, exigiendo cambios profundos. Se trata de un clamor universal.

Las FARC-EP están conscientes de que los problemas del pueblo colombiano solo se resolverán mediante la lucha popular y no mediante la conciliación de clases.

En la primera declaración leída por parte del Comandante de las FARC-EP, Timoleón Jiménez en nombre del Secretariado del Estado Mayor de las FARC-EP, frente a los acuerdos que se llevan adelante para lograr la paz en Colombia entre ésta organización insurgente y el gobierno de Santos, se manifestó:

Para nosotros es perfectamente claro que la llave de la paz no reposa en el bolsillo del presidente de la república, tampoco en el comandante de las FARC-EP. El verdadero y único depositario de tal llave es el pueblo de este país. Es a los millones de víctimas de este régimen elitista y violento, a los afectados por sus políticas neoliberales de desangre, a los que sueñan con una democracia real en una patria amable, en desarrollo y en paz, a quienes corresponde jugar en adelante su rol protagónico por una nueva Colombia. Y a ellos, estamos dirigiéndonos las FARC con nuestro corazón en las manos. Porque ha vuelto a abrirse la puerta de la esperanza, porque repican las campanas llamando con fuerza a la plaza central, para que salgan de sus veredas, de sus viejas minas, de sus comunidades y resguardos, de sus barriadas pobres, de sus centros de trabajo, de las factorías que los consumen, de sus talleres domésticos, de su rebusque agónico de todos los días, de sus centros de estudio, de su confinamiento carcelario, de su incesante búsqueda de empleo, de sus pequeñas empresas, de sus fábricas amenazadas por la quiebra, de sus culturas ignoradas, de su nicho de desplazados, de sus escondites de amenazados, de sus rincones de víctimas, de sus hogares destruidos.

El llamado de las FARC-EP es preciso: la paz solo se conquistará con la movilización popular, con la organización del pueblo y con la lucha frontal de los diversos grupos sociales explotados y vilipendiados contra los detentadores del poder.

En la segunda declaración hecha por el Secretariado de las FARC-EP a través de Timoleón Jiménez, publicada el 6 de septiembre de 2012 se expresa: “Tenemos la certeza de que este pueblo terminará por alzarse en un poderoso torrente que pondrá freno a las desmedidas ambiciones del gran capital, desarmará su máquina criminal y violenta y dará de verdad sentido a la palabra justicia”.

El pensador marxista, Iñaki Gil de San Vicente explica:

Aunque estas poderosas fuerzas irreconciliables tarden algún tiempo en enfrentarse de nuevo a muerte, siempre terminan haciéndolo siguiendo el dictado de la ferocidad sanguinaria burguesa, que es la que prepara concienzudamente el primer ataque sangriento, obligando a defenderse a la clase explotada. La política en el sentido marxista no consiste en otra cosa que en la doble tarea de estudiar esta constante histórica y en prepararse lo más posible para que su próxima irrupción sea lo menos devastadora y destructiva posible, logrando que el parto de la nueva sociedad sea exitoso al menor costo humano, con la menor sangre y dolor posibles.

La política marxista consiste en facilitar que el nuevo vuelo del ave Fénix, la revolución que vuelve a alzar sus alas para tomar el cielo por asalto destino al socialismo, sea lo más armonioso y feliz. Por esto, la política marxista es la síntesis entre la economía concentrada como realidad objetiva y la conciencia concentrada como realidad subjetiva. Así, la lucha economicista, por el aumento salarial y por las mejoras de las condiciones de vida y trabajo de la humanidad explotada, se fusiona con la lucha por la reducción del tiempo de trabajo alienado y por el aumento del tiempo disponible, creativo y libre. Las estadísticas económicas quedan así penetradas por las pasiones humanas más íntimas, y viceversa. Y ambos, menos explotación y más creatividad, van dando forma y contenido a nuevos sentimientos y pasiones.

En busca de este objetivo esencialmente humanista y ético, la política marxista insiste en los tres puntos antagónicos con el capital: la explotación económica ejercida por la burguesía, la opresión política ejercida por el Estado y la dominación ideológica ejercida por el fetichismo. E insiste en que debajo de ellos, a modo de piedra basal, está la propiedad privada de las fuerzas productivas. Desarrollando la dialéctica inserta en esta triple realidad que se yergue sobre la propiedad, son fácilmente comprensibles el resto de explotaciones, injusticias y miserias que se multiplican día a día, inherentes a la civilización del capital. La misma teoría organizativa marxista es inseparable de la praxis que combate al monstruo burgués, y por eso tiene a la vez un contenido moral y ético que palpita en cada lucha, en cada lágrima y en cada alegría.

Las contradicciones de clase no se resuelven en una mesa de diálogo, sino al calor de la lucha revolucionaria. La burguesía colombiana no quiere “suicidarse alegremente”. Por el contrario, quiere conducir a que el pueblo acepte sus condiciones, sin ceder absolutamente nada.

El 27 de mayo de 2012 las FARC-EP expresaban a través de un comunicado:

Santos simplemente repite lo que han hecho siempre los de su clase. Nos exige una vez más la entrega y el desarme, a cambio de admitir a medias nuestro ingreso a su podrido régimen político. Sin desmontar ni un ladrillo de su aparato terrorista de dominación. Sin que se afecte en nada su proyecto de país colonial y empobrecido. Como si nosotros pudiéramos a cambio de miserables prebendas personales, volver la espalda al sentir de millones de compatriotas hundidos en la desesperación y la violencia. Como si el destino natural del pueblo colombiano fuera el de trabajar eternamente para el enriquecimiento de una élite privilegiada. Así no vamos a ninguna parte.

En la alocución del Presidente de la República, Juan Manuel Santos sobre el “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto”, dada el 4 de septiembre de 2012, el mandatario colombiano expreso que:

Hoy podemos hablar de paz porque Colombia crece y se abre al mundo.

Nuestra economía es ya una de las más prósperas de América Latina, similar a la de Argentina y sólo superada por Brasil y México.

Es una economía que está creando empleo, como pocas en el mundo, en medio de una fuerte turbulencia internacional.

Hoy podemos hablar de paz porque millones de colombianos están saliendo de la pobreza y porque seguimos avanzando en esa dirección.

Hoy podemos hablar de paz porque el uso de la violencia para alcanzar objetivos políticos es cosa del pasado.

Los datos señalan lo contrario a lo manifestado por Santos, puesto que la pobreza y la desigualdad social siguen siendo uno de los problemas fundamentales que vive el pueblo colombiano, mientras los ricos cada día se hacen más ricos.

Por otro lado, Santos encubre en su discurso que la principal violencia que vive el país, es la violencia social y que, además, es el Estado colombiano, con sus fuerzas militares y paramilitares, el que ha ejercido durante décadas el uso de la violencia sistemática contra el pueblo, lo que ha significado que en Colombia hayan 5 millones de personas desplazadas y que sea la nación con mayor número de sindicalistas asesinados en el mundo.

Por otro lado, el presidente Santos reiteró que las acciones militares continuarán y que no dejarán de actuar contra la insurgencia. “El gobierno no hará concesiones de ningún tipo en el terreno militar”, expresó Santos. Mientras se habla de la paz, se niega la posibilidad de llegar a un cese de las operaciones militares y a un alto al fuego.

En cambio, las FARC-EP han manifestado su voluntad de ir por el camino contrario al que, en este aspecto, ha planteado el gobierno colombiano:

Volvemos a una mesa, reconocidos como adversarios militares y políticos. Convidados y protegidos por quienes nos persiguieron. Acompañados y avalados por la comunidad internacional. Definitivamente, tanta manifestación de odio carece de sentido. Quizás para la satisfacción de quiénes el Gobierno nacional ha reiterado una y mil veces, tanto en el escenario exploratorio como en sus múltiples declaraciones públicas, su inamovible decisión de no permitir ninguna de las que califica como “concesiones en el terreno de la guerra”. En su extraño parecer, cualquier posibilidad de cese al fuego, tregua, armisticio o despeje, únicamente contribuye a la creación de incentivos perversos. Es claro para nosotros, entonces, que pese a las manifestaciones oficiales de paz, los alzados llegamos a este nuevo intento de reconciliación asediados, no sólo por el mismo embate militar desatado una década atrás, sino compelidos abiertamente mediante su acrecentamiento a recoger nuestras aspiraciones políticas y sociales a cambio de una miserable rendición y entrega. Pese a tales señales, las FARC-EP guardamos la sincera aspiración de que el régimen no intenta repetir la misma trama del pasado. Pensamos simplemente que están en evidencia las enormes dificultades que tendrá que afrontar este empeño. La consecución de una paz democrática y justa merece afrontar los más difíciles retos. Por encima de ellos, somos optimistas. La historia siempre ha sido labrada por las fuerzas sociales que apuntaron al futuro.

El tono guerrista del establishment colombiano no ha desaparecido e incluso se pretende hacer ver a la insurgencia como un actor debilitado, al que solamente se le debe exigir la desmovilización y la entrega de armas.

El Comandante Timoleón Jiménez en la segunda declaración dada a conocer el 6 de septiembre de 2012, fue claro al señalar que se sientan en la mesa de diálogo “de igual a igual” con el gobierno colombiano, “con el propósito de acordar una agenda de discusiones con miras a la concertación de un acuerdo que ponga fin al larga conflicto social y armado que padece Colombia”. El Comandante Timoleón señaló que “al dar este primer paso hacia la reconciliación queremos dejar presente que son vanas las ínfulas triunfalistas de quienes juzgan que acudimos a la mesa de diálogo a firmar nuestra rendición y entrega” y añadió que “[e]n cuanto hace a las FARC-EP, nunca hemos estado más fuertes y unidos. Se equivocan por completo quienes intentan leer debilidad en nuestro incansable accionar por la paz”.

Los enemigos directos de la paz en Colombia, sin ningún rubor, han expresado su malestar ante estos diálogos.

La jefa de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU, Ileana Ros-Lehtinen, conocida como la “Loba Feroz”, criticó que el gobierno de Santos por iniciar un diálogo de paz con las FARC-EP “sin condiciones previas”. La “Loba Feroz” es conocida por sus vínculos con la mafia de la gusanera terrorista cubana, la misma que realiza sus acciones criminales desde Miami contra Cuba.

Por su parte, el ex mandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez expresó que los diálogos constituyen una “bofetada a la democracia”. Uribe esta acusado por los propios líderes paramilitares de haber mantenido estrechos vínculos con ellos. De igual manera, el exmandatario fue investigado por el FBI y la DEA por su estrecha colaboración con Pablo Escobar Gaviria.

El narcoparamilitar de Uribe es el mayo enemigo de la paz en Colombia. Sus serviles columnistas, como José Obdulio Gaviria, el “Rasputín” colombiano, son las y los encargados de “opinar” cada día en contra de los diálogos de paz y, por supuesto, de las FARC-EP.

Pero igual de peligrosos son aquellos que hoy hablan de paz como sinónimo de desmovilización y entrega de las armas por parte de las FARC-EP. Es decir, lo que quieren es mantener el estado de cosas actuales sin que haya un actor político y militar serio que les enfrente. Santos no es ningún santo y su estrategia apunta, fundamentalmente, a imponer a la insurgencia sus condiciones y no buscar soluciones claras a los problemas de los colombianos, sino más bien de los capitalistas colombianos y las multinacionales, para así dejarles libre el camino a que sigan saqueando los recursos de la nación y explotando al pueblo:

Así, la apuesta de las clases dominantes por la paz, independientemente de las intenciones de Santos o Uribe, no busca resolver los problemas fundamentales de la nación o traer bienestar a la población sino permitir que la industria de la extracción funcione a su máxima capacidad, situación que la ‘seguridad democrática’ no logró y que la guerra tampoco permite: como señaló Santos, ‘es fundamental terminar el conflicto’, pero las clases dominantes buscan que esto se dé con acomodo a sus intereses, sin responder a las necesidades del pueblo colombiano y generando máximos beneficios a la inversión extranjera.

José Antonio Gutiérrez dice que “[d]esde la perspectiva santista, paz o guerra no son sino estrategias para imponer un insostenible proyecto económico-social neoliberal, basado en el Plan de (Sub) Desarrollo Nacional del santismo, cuyos pilares son la agroindustria y la megaminería.”

Pese a todo ello, las FARC-EP, una vez más tienen la voluntad política de alcanzar la paz por la vía del diálogo y la solución política. Las FARC-EP son ante todo una organización política con una estrategia clara en todos los ámbitos. No actúan a la ligera. El Comandante en Jefe de las FARC-EP, Manuel Marulanda Vélez señalaba que “[c]uando nosotros (las FARC-EP) damos un paso ya lo hemos analizado 5 o 6 veces. Nosotros no improvisamos nada, absolutamente nada. Paso que damos es paso que estamos seguros que vamos bien. Y si notamos que algo va a pasar, entonces volvemos a reconsiderarlo.”

José Antonio Gutiérrez explica claramente:

Este acercamiento no es gratuito ni nace de una buena voluntad del mandatario: es obvio que la tesis del “fin del fin” carece de sustento y que el Plan Colombia tocó techo. La insurgencia ha respondido al desafío planteado por el avance del militarismo y un nuevo ciclo de luchas sociales amenaza con el deterioro de la situación política en el mediano plazo, a un nivel que será difícil de controlar para la oligarquía. El escenario político parece, a veces, peligrosamente volátil. Por otra parte, tampoco sorprende la voluntad de la insurgencia para acercarse a una mesa de negociaciones: por una parte, porque es la insurgencia la que ha venido planteando desde hace 30 años, en todos los tonos posibles, la solución política al conflicto social y armado, y por otra parte, porque la insurgencia ha mejorado notablemente en los últimos años su posición de fuerza, no sólo en lo militar, sino sobre todo, en lo político.

Ahí radica la fuerza de las FARC-EP. Son una organización marxista-leninista, con un carácter marcadamente político. Por ello saben que la concienciación de la gente es fundamental, que las tareas dentro de las organizaciones de masas son fundamentales. En esta tarea ha jugado un papel fundamental el Partido Comunista Clandestino Colombiano y el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia.

Y será esa gran movilización popular, concienciada y organizada políticamente, la única garantía de que se concreten positivamente para la mayoría del pueblo colombiano los acuerdos establecidos para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, los mismos que no podrán dejar de lado temas fundamentales como la transformación radical de la política agraria, el problema de la tierra, la solución de los graves problemas sociales, el tema de los derechos humanos, el papel del ejército colombiano y su necesaria reorganización y redefinición de su política, el papel de la injerencia de los EEUU, etc.

La insurgencia fariana trabajará en función de ello. ¿Lo hará el régimen colombiano? ¿Lo permitirán las fuerzas reaccionarias? ¿Lo aceptará con tranquilidad EEUU?

Por parte de las FARC-EP estamos seguros de que habrá seriedad en el camino para alcanzar la paz. Hombres como Iván Márquez o Jesús Santrich, nombrados por la insurgencia fariana como parte del equipo que emprenderá las negociaciones con el gobierno colombiano, son garantía de que los anhelos del pueblo tendrán las voces adecuadas para hacerle frente a los gritos de la burguesía y el imperialismo. Ojalá que Simón Trinidad pueda integrase pronto a este proceso en forma activa.

Como dice Julián Conrado: “En las miradas de mi pueblo, brilla la paz, brilla la paz, miradas que vienen de siglos atrás, insurreccionadas buscando la paz…”