Opinión

Autor: Beltrán Haddad

02:15 pm
12
Abr
2016

Se viven momentos de confrontación entre los poderes públicos sin que aparezca la máxima de la ponderación. Lo que se percibe es desesperación, pero peligrosamente muy marcada en la oposición, que sigue impaciente por tumbar al Gobierno, ahora más que nunca con su mayoría en la Asamblea Nacional y en medio de un escenario que se viene sembrando en el desabastecimiento, en los rumores y manejo de la mentira, en la falsa campaña de violación de derechos humanos o en esa apuesta al colapso de los servicios públicos. Por supuesto, cuando la desesperación entra en la política, las cosas que se hacen y se dicen resultan irracionales porque el mal consiste en que esa desesperación es la desesperación de no poder alcanzar el fin propuesto.

Hoy se habla de un Estado constitucional de Derecho que se define en la idea de supremacía constitucional con su consiguiente garantía jurisdiccional frente a todo, incluso frente al más amenazador de los poderes: el Poder Legislativo. En la práctica, el constitucionalismo se resuelve en judicialismo. Ya no estamos en tiempos del Estado legislativo de Derecho, sino de un nuevo paradigma con la subordinación de la legalidad a los principios constitucionales. La ley se aplica si es constitucionalmente válida, no importa que venga del Poder Legislativo. En este escenario, el Legislativo ya no puede imponer leyes a diestra y siniestra, porque todas pasarán por el filtro de la constitucionalidad llamado “garantía jurisdiccional”; pero resulta que en Venezuela, por una diatriba política que no tiene ni busca el reposo, las nuevas armas de lucha son de “guarimba legislativa” y de contraataque jurisdiccional. Desde la Asamblea Nacional se preparan leyes para tomar el Poder Judicial y otros poderes o se prepara una enmienda para el “golpe parlamentario”. En respuesta viene el contraataque de inconstitucionalidad y la propuesta de enmienda presidencial para reducir el período constitucional de la Asamblea Nacional. En la intención de acabar con un gobierno constitucional hay un desespero sin la posibilidad de la ponderación, más que judicial, política. Pero muchos no advierten -tal como dijo Sören Kierkegaard- que, lejos de aliviar al desesperado, el fracaso de su desesperación para destruirse es, por el contrario, una tortura que reaviva su rencor, su aversión.

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