Opinión

Autor: Alberto Aranguibel B

10:02 am
10
Feb
2016

El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha sido acusado ya no solo desde la derecha con sus proverbiales guerras mediáticas de infamias sin fundamento, sino desde las mismas filas revolucionarias de ser uno de los gobiernos más corruptos de la historia, cuando probablemente sea el que más funcionarios del Estado ha destituido y pasado a tribunales en apenas dos años y medio.

Un verdadero contrasentido que tiene su origen en el carácter genérico de las denuncias, que por lo general tienden a señalar como responsable al Presidente de la República o al gobierno en abstracto, sin precisiones que den veracidad a las mismas y que permitan fundamentarlas efectivamente con elementos de convicción en los procesos de investigación judicial.

Hay pues la gestación permanente de un percance que sin lugar a dudas es mucho peor que la prevaricación, como lo es el de la percepción generalizada de que el corrupto es el gobierno y no las personas de carne y hueso que delinquen con los dineros del pueblo. Para quienes así piensan, la solución no será poner presos a los corruptos, sino cambiar el gobierno, con lo cual ni se es justo con la mayoría honesta de los funcionarios del Estado ni los corruptos van a la cárcel, porque su crimen se diluye en esa percepción generalizada que se crea. Al final, esa cantidad de pillos invisibles terminan saliéndose con la suya.

Por eso, cuando aparecen denuncias de corrupción sólidamente fundamentadas, el deber de los organismos de investigación es ser lo más expeditos posible. Se trata de fortalecer el sistema de justicia en el país brindándoles la mayor atención a los procesos que estén debidamente soportados con pruebas fehacientes que el país entero acepte como irrefutables.

Un caso como el del alto funcionario de la ensambladora de vehículos Chery que de repente apareció a finales de 2014 como propietario en sociedad con su pareja (ex funcionaria de un organismo del Estado) de un lujoso y costoso yate en la Marina Playa Grande, y que fue divulgado con toda clase de soportes por un medio de comunicación impreso, es uno de esos casos que no necesitarían mayor pesquisa de contraloría alguna. Las pruebas eran más que contundentes.

¿Qué pasó con ese ladrón? ¿La rabia de todo un país por los “guisos” en Chery no es suficiente para actuar?

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