Opinión

Autor: Luisa Ortega Díaz

09:08 am
03
Jun
2015

El sistema de justicia penal está conformado, entre otros, por cuatro instancias fundamentales: policías, fiscales, jueces y el sistema penitenciario; las cuales están obligadas a garantizar los derechos de las víctimas y a sancionar a los responsables de cometer delitos.

Con el fin de medir la calidad de respuesta y eficacia dada a la ciudadanía, es indispensable que quienes dirigen dichas instancias ejerzan una constante revisión, seguimiento y evaluación de las actuaciones que realizan.

Entonces, resulta necesario que los esfuerzos institucionales se enfoquen en mejorar el servicio, optimizar los mecanismos para lograr la disminución de los índices de violencia y la realización de un proceso penal regido por los principios y garantías de una justicia accesible, idónea, expedita, sin dilaciones ni formalismos inútiles, así como lograr sanciones ejemplarizantes para los que perpetran delitos.

En este último punto se debe hacer énfasis en el castigo a aquellos que vulneren los Ddhh y afecten el patrimonio público, pues generan un gran daño social. Los primeros porque menoscaban la legitimidad de las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana, mientras los segundos porque afectan directamente el desarrollo económico del país, comprometiendo a su vez el ejercicio pleno de los derechos a la salud, vivienda, educación y cultura de la población.

El Ministerio Público se ha comprometido con esta tarea. Por ello, en los últimos años se ha dotado a la institución de las herramientas científicas y técnicas para cumplir con eficiencia tal labor. También se ha cuidado de que el personal que ingrese tenga la mística y la preparación idónea.

Además, se cuenta con sistemas de seguimiento para asegurar la realización de las diligencias de investigación, los actos de los procesos penales y la presencia y puntualidad de los fiscales en las distintas audiencias convocadas; así se disminuyen los diferimientos de las mismas, lo que coadyuva a evitar el retardo procesal.

En fin, todos los que integran el sistema de justicia penal deben abordar el fenómeno de la violencia con entrega y honestidad para identificar las verdaderas causas de este mal que afecta mayoritariamente a los sectores más humildes. Se trata de garantizar la justicia para las víctimas.

Fiscal General

 

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