Opinión

Autor: Beltrán Haddad

12:07 pm
11
Ene
2016

Para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia se requiere que la persona que aspire a ese cargo sea de reconocida honorabilidad, entre otras cualidades. Pero esa es la fundamental. Es decir, debe actuar con rectitud desde el ángulo de la honradez, lo que traduce una fuerza que trasciende lo individual para hacerse principios morales indeclinables en el orden político-social. Por eso se ha dicho que la rectitud en el obrar es lo que debe caracterizar a un magistrado o magistrada del TSJ.

Ahora, nos preguntamos: ¿Puede la Asamblea Nacional remover a un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia? La respuesta es afirmativa: sí puede, siempre y cuando la decisión de remoción la tome una mayoría constituida por las dos terceras partes de los diputados integrantes de la Asamblea. Pero debe existir una falta grave previamente calificada por el Poder Ciudadano, no por la Asamblea Nacional. Sin este último requisito no existe la posibilidad de remover a un magistrado o magistrada del TSJ. Solo el Poder Ciudadano puede calificar mediante un procedimiento la falta grave cometida.

El Poder Ciudadano es uno de los cinco poderes establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y está inspirado en el Poder Moral propuesto por el Libertador Simón Bolívar en su histórico Proyecto de Constitución presentado al Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819. El Libertador pensó en una institución que tuviera a su cargo la conciencia nacional, que velara por la formación de los ciudadanos para “purificar lo que se haya corrompido en la República, que acuse la ingratitud, el egoísmo, la frialdad del amor a la patria, el ocio, la negligencia de los ciudadanos”. Decía Bolívar que si no hay un respeto sagrado por la patria, por las leyes, por las autoridades, la sociedad es una confusión, un abismo. De esta concepción moral de la República adaptada a nuestros tiempos, nació el actual Poder Ciudadano integrado por el Defensor del Pueblo, la Fiscal General y el Contralor General, quienes, a su vez, podrán ser removidos por la Asamblea Nacional, previo el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia. Así es la cosa y así funcionan nuestros poderes públicos cuando se trata de remoción de altos funcionarios, como lo son los magistrados y magistradas del TSJ.

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