Política

21
May
2010

"Se realizarán las investigaciones pertinentes"

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega  Díaz,  afirmó  este  viernes  que  un  grupo  de  casas de bolsa en Venezuela habían impuesto el dólar paralelo en el país, pues de acuerdo con la  investigación   que  llevan  a cabo los fiscales nacionales, vendían la divisa a particulares por encima del precio oficial.

La información la dio a conocer en el programa radial En Sintonía Con el Ministerio Público, transmitido por Radio Nacional de Venezuela, donde precisó que el Ministerio Público detectó que las casas de bolsas realizaban operaciones con dólares, lo cual, según la Ley, no le está permitido porque quien tiene el monopolio para vender divisas es el Banco Central de Venezuela (BCV).

Informó que desde el pasado viernes 14 hasta este viernes 21 de mayo, el Ministerio Público ha coordinado 12 allanamientos a dichos establecimientos y otros cuatro a joyerías donde descubrieron que negociaban o vendían divisas, operaciones tipificadas de delito.

Agregó que producto de los  allanamientos, hay cinco personas detenidas por presuntamente incurrir en delitos tipificados en la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, así como en el Código Penal.

La Fiscal General señaló que el modus operandi de las casas de bolsa consistía en vender la cantidad de dólares a la persona que los necesitaba, pero se le ofrecía a 8 Bs.f cada divisa, es decir, por el doble y hasta el triple del valor oficial de 2,60 para bienes y servicios básicos y de 4,30 para otros rubros.

Destacó que según la investigación, el precio del conocido dólar paralelo estaba estandarizado en las demás casas de bolsas y negocios que tenían este tipo de operaciones e, incluso, muchos establecimientos colocaban la tarifa del costo de la divisa en sus páginas web, lo cual es totalmente ilegal.

Ya la gente veía como algo normal el acceder a estas páginas donde estaba el precio del dólar paralelo, cuando la negociación tenía que hacerse al costo oficial”, acotó.

Ortega Díaz, detalló que, por ejemplo, si un ciudadano necesitaba la cantidad de 100 mil dólares, depositaba 800 mil bolívares a la cuenta de la casa de bolsa y el título lo colocaban a nombre de la persona. Sin embargo, minutos después de la operación, la misma sociedad de corretaje compraba el título vendido, pero sin verse reflejada la erogación en su cuenta.

“Todo eso lo negociaban con una cantidad de dólares en cuentas en el exterior, que no se sabe, incluso, la procedencia de esas divisas ni la cantidad de dinero que puedan tener en dichas cuentas. Luego de realizar esa operación en el exterior es cuando le depositaban los dólares a la persona que los había solicitado”, explicó Ortega Díaz.

Manifestó que la investigación se inició a solicitud del Presidente de la Comisión Nacional de Valores, pues existe una preocupación respecto a la procedencia de los recursos utilizados por las casas de bolsas para realizar este tipo de operaciones.

Recordó que uno de los aspectos que reguló la reforma de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios fue su artículo 9, el cual dejaba abierta la posibilidad de que los títulos valores fueran negociados por las casas de bolsa, pero ahora no es posible hacerlo porque la nueva norma establece que todas las operaciones deben realizarse a través del BCV.

Reiteró que estas empresas o personas jurídicas realizaban operaciones que no le estaban permitidas, entre ellas, la compra y venta de dólares con una taza fijada por ellos, lo cual influía hasta en el aspecto especulativo.

Ratificación de la sentencia

En  relación  con la ratificación de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia  en  el  caso  de los comisarios Lázaro Forero, Henry Vivas e Iván Simonovis,  la  Fiscal General dijo que no entendía a la gente porque en un principio  criticaron  que el juicio fue muy largo y ahora sostienen que la ratificación fue rápida. “No se puede complacer los caprichos de la gente”, indicó.

Puntualizó que desde el Ministerio Público se busca que los procesos sean expeditos, rápidos, por lo que agregó que ahora le cuesta entender lo que le molesta a la gente sobre esta decisión.

Asimismo, se refirió al caso del periodista Leocenis García, a quien el Tribunal 23° de Control del Área Metropolitana de Caracas, acordó extender la privativa de libertad por un año más, tras solicitud del Ministerio Público, tal como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal.

“La ley establece que la persona puede estar privada de libertad durante dos  años a lo largo del proceso, pero si transcurrido ese período no se ha decidido,  se  puede  solicitar  una  prórroga, ¿y qué observa el juez para otorgar  o  no  tal  petición?  Estudia  las  causas  por  las cuales se ha extendido  ese  proceso,  es  decir,  si   es por situaciones imputables al imputado o por otras circunstancias”, finalizó Ortega Díaz.

Fuente: Prensa Ministerio Público
 

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