09
Nov
2010

“Sepan los delincuentes constructores que todas las familias obtendrán sus apartamentos”

Los medios privados que defienden a las inmobiliarias intervenidas por el Estado por estafar a los compradores de apartamentos en conjuntos residenciales hacen apología del delito, sostuvo este martes Augusto Montiel, diputado a la Asamblea Nacional (AN) e integrante de la sala situacional de víctimas de las constructoras privadas.

Montiel rechazó que las compañías de comunicación estén de espaldas a las miles de familias afectadas y apoyen a las cámaras de la construcción e inmobiliaria, al Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) y a empresarios del sector, a los cuales calificó como los verdaderos culpables de estas irregularidades.

De acuerdo a información también suministrada por la Agencia Venezolana de Noticias, Montiel añadió que el Estado, con las medidas de intervención que dictó a 33 urbanismos, asegura la propiedad privada en beneficio de toda la sociedad. “Sepan los delincuentes constructores que todas las familias obtendrán sus apartamentos”, precisó.

Consideró, además, que son las constructoras de los conjuntos residenciales intervenidos por el Estado venezolano las que irrespetan la propiedad privada de las familias que adquirieron sus apartamentos en tales proyectos, pues “los engañan y estafan” violando los contratos firmados y pretendiendo cobrarles cuotas ilegales por sus viviendas.

Montiel emitió estas declaraciones en el programa Despertó Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión (VTV), en el conjunto residencial San José del Ávila, ubicado en el centro de Caracas, uno de los urbanismos sobre los que la República dictó medidas de intervención para garantizar los derechos de los compradores.

Recordó el parlamentario que las acciones del Estado se producen tras la lucha por años de estas familias. A finales de junio, tras la arremetida de las constructoras este año intentando cobrarles cuotas ilegales, las instituciones convocaron a los afectados para diseñar estrategias de trabajo, lo que derivó en la estructuración, en agosto, de la sala situacional que los agrupó en el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis).

Reiteró que las inmobiliarias captan capital para otras inversiones e incumplen con las condiciones del contrato establecido con las familias.

Por ello, la sala se constituyó como espacio estratégico de análisis, propuestas y acción, con el objetivo de que se cumplan las cláusulas contractuales, además de impedir el cobro ilegal del Índice de Precios al Consumidor.

Fuente: RNV
 

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